El Supremo estima legal la partida para gastos de los diputados

El Tribunal Supremo avaló la legalidad de la indemnización para gastos en el ejercicio de la función parlamentaria que el Congreso paga a los diputados y, en concreto, no ve delito alguno en el hecho de que unos 60 diputados elegidos en circunscripciones distintas a Madrid cobren por este concepto 1.823,26 euros al mes pese a tener vivienda en la capital de España.

El alto tribunal, por unanimidad, ordenó ayer el archivo de la querella del movimiento Democracia Real Ya contra Mariano Rajoy, cuatro de sus ministros, Cristóbal Montoro, Fátima Báñez, Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor, y otros 58 diputados, a los que acusaba de malversación de caudales públicos o apropiación indebida por el cobro de ese dinero pese a tener casa en Madrid.

Los magistrados explican que, según la información del Congreso, la indemnización para el ejercicio de la función de diputado, de 1.823,26 euros para los de fuera de Madrid y de 870,56 euros para el resto, es una partida aprobada en 2006 por la Mesa de la cámara, sin finalidad específica y de la que no hay que justificar la forma en que se gasta. De esta manera, entienden que el complemento ni está destinado solo al pago del alojamiento ni hace distingo entre los que lo tienen o no en la capital.

Por este motivo, añaden que «tal y como está regulado 'de facto' el régimen aplicable a la partida» los diputados pueden dar el uso que crean conveniente a ese dinero y en ningún caso malversan fondos por haber sido elegidos en otras provincias y disponer o no de casa en Madrid.

El auto de archivo se conoció el día anterior a que la plataforma ¡En pie! haya llamado a «asediar» a las cinco de esta tarde, el Congreso de manera indefinida para reclamar la dimisión del Gobierno y la disolución del Parlamento y la Jefatura del Estado, así como el inicio de un período constituyente. Esta movilización ante el Congreso es la octava desde septiembre del año pasado y será vigilada por más de un millar de antidisturbios.