El Gobierno baraja que la transparencia afecte a los entes con más del 50% de financiación pública

El Gobierno debate en este momento dónde debería fijarse el límite de las instituciones, organismos o entidades que estarán obligadas a cumplir con los principios y mandatos que establecerá la ley de transparencia que se tramita en el Congreso desde septiembre pasado.

El criterio que en este momento maneja el Ejecutivo, y que deberá ser sometido en las próximas semanas al parecer y el contraste de los grupos parlamentarios, es que queden afectadas por las exigencias de publicidad de la norma las cuentas y actividades de todas las entidades en las que al menos un 51% de su presupuesto proceda de fondos públicos.

Si este criterio se convierte al final en la fórmula incluida en la norma, la ley de transparencia será de aplicación, además de a las administraciones e instituciones públicas, que fueron su razón de ser original, a otras instituciones y organizaciones como la Casa Real, la Iglesia Católica, los sindicatos y patronales, los partidos políticos, y un número indeterminado de asociaciones, fundaciones o ONG que se nutren fundamentalmente de subvenciones oficiales.

La fijación de esta frontera será uno de los puntos centrales que el Gobierno y los grupos parlamentarios deberán negociar en las conversaciones que está previsto que se inicien en mayo para tratar de pactar las enmiendas esenciales que se pretenden introducir al proyecto de ley remitido al Congreso en septiembre pasado por el Consejo de Ministros.

Antes de fin de año

Otros aspectos delicados, y que el Ejecutivo y el PP quieren blindar con un acuerdo político amplio con el resto de grupos parlamentarios, son la regulación concreta que la ley hará de las obligaciones de transparencia de la Casa Real, que acaban de ser negociadas con la propia Jefatura del Estado, y el encaje técnico para que unas obligaciones de 'striptease' presupuestario y documental pensadas para las administraciones públicas puedan ser extendidas a instituciones y organizaciones reguladas por el derecho privado.

El objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es que el Congreso logre aprobar la norma antes de las vacaciones de verano, aunque sea a costa de habilitar sesiones extraordinarias en julio, y que el Senado pueda iniciar su tramitación en septiembre para que la ratificación definitiva de la ley de transparencia se logre antes de que termine el año y esté en vigor en 2014.