El Gobierno admite que la edad de jubilación puede retrasarse más allá de los 67 años

La gran reforma de las pensiones está en marcha y va a suponer cambios profundos en el sistema. El informe sobre el factor de sostenibilidad, remitido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la Comisión del Pacto de Toledo, expone que el factor puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión «al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora». También puede afectar a la edad de jubilación, «aumentando el número de años cotizados para poder jubilarse» junto con la edad legal de retiro. Y aquí, por primera vez por escrito, el Gobierno reconoce que una vez unificada la edad legal de jubilación (desde 65 a 67 años) «es posible seguir aumentando dicha edad legal».

El informe de la Seguridad Social considera que «hay comportamientos perversos que el propio sistema origina y que no se deben perpetuar en el tiempo». Entre esos comportamientos destaca que la pensión media del sistema ha crecido más que los salarios en la última década y más que la inflación, la insuficiencia de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de reemplazo de las prestaciones en España (la pensión suele corresponder al 80% del salario, como media).

Para que los diputados se hagan una idea de las «tendencias» que se están registrando en otros países, y probablemente varias de ellas las proponga el Gobierno español, el documento detalla las siguientes: considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión, no aumentar los tipos de cotización, rebajar los índices de actualización de las pensiones, exigir un mayor número de años cotizados para tener derecho al cien por cien de la pensión y aumento de la edad de jubilación.

Consejo de Ministros

Por otra parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró ayer a los líderes sindicales que el Gobierno no introducirá mañana medidas que afecten a las pensiones o a las prestaciones por desempleo, según explicó el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, en la rueda de prensa para presentar los actos del 1º de Mayo junto con el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Toxo dijo que la ministra fue tajante en lo que se refiere al próximo Consejo de Ministros, que aprobará un nuevo Plan Nacional de Reformas. Sin embargo, está en marcha el diseño del factor de estabilidad para lograr equilibrar los ingresos y los gastos del sistema de la Seguridad Social. Además, tiene sobre la mesa la reforma urgente de la cotización y las prestaciones de la Seguridad Social para los trabajadores a tiempo parcial, ya que en estos momentos existe un vacío legal al haber anulado el Tribunal Constitucional la normativa anterior.

Los sindicatos temen que con ambas reformas, las dos de gran calado, se ponga «patas arriba» el sistema de pensiones y que se aproveche el factor de sostenibilidad para que ganen cada vez más peso los planes de pensiones privados. Recientemente, Unespa ha hecho público un informe de expertos (dos de los cuales están en el comité decidido por el Gobierno que diseña el factor de estabilidad) en el que se defienden las cuentas nocionales (individuales) donde se reciba según lo aportado.

UGT y CC OO aseguraron que no hace falta poner patas arriba el sistema de la Seguridad Social, que es solvente», sino, en todo caso, incrementar los ingresos mediante una subida «temporal» de las cotizaciones sociales, así como del salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de la inflación. Toxo precisó que eso están dispuestos a discutirlo con el Gobierno, pero que lo que no van a acompañar al Ejecutivo en el camino de «subir aún más la edad de jubilación». En opinión de Méndez hay un «error deliberado» en intentar vincular la sostenibilidad del sistema con variables como la esperanza de vida, las fórmulas anticipadas de jubilación, la contributividad, cuando todo esto está «resuelto y bien resuelto» en la reforma de las pensiones.

Las centrales sindicales tampoco descartan que antes del verano, el Gobierno apruebe una nueva subida del IVA o un ajuste «brutal» en el empleo público como sucedió el año pasado.