La Junta también recurre las normas de tasas judiciales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció ayer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley por el que se modifican ciertos aspectos de la Ley de Tasas, como ya hizo en enero con la propia Ley. La razón, explicada tras la reunión por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, es «de seguridad jurídica y de responsabilidad política» porque la institución autonómica considera que la reforma es «un simple barniz», ya que sigue «generalizando el pago por el acceso a la administración de Justicia», lo que produce un «efecto disuasorio»., tanto en los ciudadanos como en las pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El recurso no tiene efecto paralizante de la norma.

Llera explicó que la corrección llevada a cabo a través del decreto-ley se limita a aspectos muy concretos que no implican una modificación sustancial del régimen establecido en la ley. El consejero indicó que el decreto tampoco recoge las recomendaciones formuladas por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que movieron a la reforma de la Ley inicial, por lo que ha confiado en que esta institución también la recurra.

Otro acuerdo destacado de la reunión de ayer del Gobierno andaluz fue el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales, vigente desde 2008.

Fraude a la dependencia

Se trata, entre otras cosas, de un régimen de sanciones a quienes comentan fraude en las ayudas de la dependencia, que pueden llegar a ser de hasta seis mil euros a cuidadores y hasta un millón de euros para proveedores. Según explicó el portavoz, el año pasado se detectaron 51 infracciones, 15 leves, 35 graves y una muy grave en visitas realizadas a domicilios o centros asistenciales para comprobar el correcto uso de los fondos públicos y la verificación de requisitos de los centros y empresas de servicios.

El Gobierno andaluz dijo también que el Tribunal de Cuentas ha dado la razón a la Consejería de Salud y Bienestar Social, que reclamó ante un primer dictamen del mismo en el que aseguraba que en la comunidad se habían producido unos cinco mil casos de irregularidades entre 2007 y 2011.

Vázquez explicó que se trató de una falsedad «intencionada» para «perpetrar recortes en las partidas para la dependencia» y que ahora, a la luz de las comprobaciones, el Ministerio de Salud debe a Andalucía cinco millones de euros porque «tenía más personas beneficiarias de las que se reconocían presupuestariamente por el Gobierno de España». El portavoz mostró su sorpresa porque estos nuevos datos «no se han difundido» y se demuestra que hubo «intención malévola».