Una consejera en apuros

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, tiene fama de ser más técnica que política y sobre todo de una gran lealtad a su jefe político, José Antonio Griñán. Pero vive horas bajas en el Gobierno desde que el pasado día 5 se sinceró en un programa de Canal Sur en el que reconoció a los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández responsables políticos del fraude de los ERE. Hoy deberá aclarar en el Parlamento si sostiene dicha opinión a petición del PP, un partido que en las últimas semana le viene haciendo un estrecho marcaje.

Martínez Aguayo ha sido el primer miembro del Gobierno andaluz en señalar como responsables políticos a Viera y Fernández, en contra de la versión oficial sostenida hasta ahora por el PSOE de situar al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero como máximo responsable hasta que no haya avances en la investigación judicial.

Aguayo respondió claramente ante las preguntas de los tertulianos del programa informativo matinal de Canal Sur que Viera y Fernández «tienen responsabilidad política, sin duda, porque son los responsables de esa consejería durante ese tiempo», en referencia a los años en los que la investigación judicial sitúa el fraude: 2001-2010. La consejera subrayó, no obstante, que la «responsabilidad clara» por ahora la tiene Guerrero, porque «es el eslabón que permite que toda esta trama funcione», en alusión a que era el que aprobaba las ayudas.

Griñán personalmente desautorizó a su consejera y política de confianza apresurándose a decir que sus declaraciones eran opiniones personales y no como consejera de Hacienda, aunque estaba siendo entrevistada en Canal Sur como tal.

Las declaraciones de Martínez Aguayo puso en un aprieto al PSOE, ya que José Antonio Viera es diputado nacional al Congreso y hasta ahora no ha sido ni mencionado por la jueza Alaya en el caso de los ERE, aunque sí es señalado en un atestado de la Guardia Civil. Viera presionó al PSOE para el desmentido y para que Aguayo aclarase que eran apreciación a título personal.

Marcaje del PP

El PP no ha dejado escapar el momento de debilidad política de la consejera dentro de su propio partido. Desde hace tres semanas le hace un duro marcaje político, no referido a su trabajo como responsable de la hacienda pública.

La vicesecretaria general del PP de gestión municipal, Carolina González Vigo, desveló ayer un caso referido al marido actual de la consejera, Manuel Caramé, que si no fuera por esta condición de marido no tendría mayor relevancia.

González Vigo y el alcalde de la localidad sevillana de Burguillos (Sevilla), Domingo Delgado, denunció que durante cuatro años el consistorio, entonces gobernado por el PSOE, pagó más de 52.000 euros en pagarés mensuales a Manuel Caramé por labores de asesoramiento urbanístico. Según ambos dirigentes del PP «se trata de un contrato irregular que además, tal y como señala un informe del actual interventor municipal, cubre labores reservadas a los funcionarios». También señalan que la empresa de Caramé, Acción y Gestión de Planificación S.L., recibe a través de su socio, Vicente Llanos, más de 358.000 euros abonados por la empresa pública municipal Taller de Arquitectura de Burguillos, en concepto de redacción de siete proyectos urbanísticos destinados a particulares..

El alcalde ha contado esta supuesta irregularidad porque ha recibido de la Consejería de Hacienda un requerimiento para que el Ayuntamiento devuelva a la Junta dos millones de euros en subvenciones del anterior equipo de gobierno porque su ejecución fue irregular.

Carmen Martínez Aguayo manifestó a Europa Press que las declaraciones del PP -A responden a una «estrategia de difamación» que va en contra «de mi entorno familiar» y asegura que «es falso que haya cobrado sin trabajar».

Martínez Aguayo ha dejado claro que su marido «tiene la titulación necesaria, que es asesor urbanístico autorizado» y asegura que «es falso que haya cobrado sin trabajar, para ese ayuntamiento y otros muchos ayuntamientos para los que ha hecho trabajos».