¿Quién decide si está enfermo el trabajador?

La reforma laboral permite a las empresas despedir por causas objetivas (indemnización de 20 días por año) a los trabajadores que falten por causa justificada el 20% de los días en dos meses consecutivos (nueve días si trabaja de lunes a viernes). Además, el real decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de julio de 2012 recortó el salario de los empleados públicos cuando están de baja (un 50% los tres primeros días y un 25% del 4 hasta el 20). Ahora, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene sobre la mesa otro proyecto de real decreto que afecta a la incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes, es decir, por enfermedad no derivada del trabajo.

En él se establece que las Mutuas de Accidentes de Trabajo pueden proponer el alta médica de trabajadores en los procesos derivados de contingencias comunes y si el facultativo del servicio público de salud no contesta en el plazo de cuatro días desestimando el alta, se considerará aceptada. Es lo que se conoce como silencio administrativo positivo. En la actualidad, las mutuas pueden proponer el alta, pero el médico del servicio público de salud dispone de 15 días para contestar, y si no lo hace se considera desestimada el alta.

El próximo jueves, 25 de abril, acaba el plazo para que los colectivos afectados presenten sus alegaciones al proyecto. Todo se está haciendo de manera informal porque el ministerio no ha abierto el proceso oficial de consultas, que está previsto para el mes de mayo, aunque ya ha recibido las alegaciones de los sindicatos, de varias comunidades, de asociaciones médicas y de las mutuas.

Precisamente la inversión del silencio administrativo es uno de los elementos más criticados por los sindicatos y las asociaciones de médicos de familia y de atención primaria. A Francisco José Sáez Martínez, uno de los responsables del Grupo de Gestión de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), le parece que da «un poder un poco exagerado a las mutuas y con plazos absurdos de cuatro días para contestar».

Sáez apoya que se modifique la incapacidad temporal, cuya regulación de los partes de baja es preconstitucional, pero señala que hay que «tener cuidado con el poder de las mutuas» y rechaza que estas puedan acceder a la información sobre el paciente (el proyecto les permite conocer los informes complementarios donde se recogerán las dolencias padecidas por el trabajador que se exigirán al facultativo en las IT superiores a 31 días ). Sáez explica que puede haber información sensible y si el paciente sabe que su historia puede ser conocida por la empresa no contará todo a su médico.

Jaime González, de la secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO, se pronuncia en contra del silencio administrativo positivo y afirma que se vulnera la ley de protección de datos al permitir que la mutua tenga acceso al historial. UGT alega que las mutuas son asociaciones de empresarios y, aunque tuteladas y controladas por la Administración, se gestionan con criterios privados. Por ello, entiende que el proyecto de real decreto supone «la privatización de la gestión de la IT y su entrega a las mutuas». Carmen López, secretaria de Política Social de UGT, advierte que dar el alta por silencio administrativo «rompe las directivas europeas» e incluso podría incurrir en un «acto penal».

Por el contrario, el director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz, señala que las mutuas ya emiten altas en contingencias profesionales y rechaza el temor a que puedan 'forzar' el alta de los empleados para beneficio de las empresas: «Nosotros trabajamos bajo el mismo código deontológico que los médicos de la Seguridad Social».

Las mutuas cuentan con 10.000 profesionales sanitarios y Sanz destaca que de los 22 millones de actos médicos que realizaron en 2010 tuvieron «menos de 9.000 reclamaciones y de esas sólo 1.540 se referían a actos médicos». El proyecto tampoco satisface plenamente a las mutuas. Desde AMAT recalcan que si se hiciera una ley de mutuas que aumentara la competencia y su capacidad de gestión podrían ahorrar 7.600 millones de euros a la Seguridad Social y a las empresas.

Por otra parte, el proyecto de real decreto modifica el plazo para extender los partes de baja y alta en IT en función de la duración estimada de la enfermedad con el fin de ahorrar trámites burocráticos. En los procesos de duración estimada inferior a cinco días, el médico de la Seguridad Social emitirá el parte de baja y de alta en el mismo acto médico; después se establecen tres tramos (entre cinco y 30 días, de 31 a 60 días y más de 61 días de duración estimada de la enfermedad) en los que los partes de confirmación de baja se emitirán en periodos más largos (a los 14, 28 o 35 días).

En la actualidad, sea cual sea la enfermedad la confirmación de la baja hay que hacerla a los tres días y cada semana. Los médicos valoran positivamente que se acompasen los partes a las patologías, aunque proponen sólo dos tramos.