La próxima reforma de las pensiones endurecerá las condiciones

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó esta semana que la reforma laboral había evitado «millones» de despidos. Lo dijo en unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Adecco y a muchos se les antojará una cifra a todas luces exagerada, especialmente cuando en España se ha alcanzado prácticamente los seis millones de parados (en 2012 se perdieron 850.000 empleos) y todos los organismos internacionales pronostican que la tasa de paro -ya situada en un dramático 26%- va a seguir aumentando.

El Gobierno está obligado a realizar una evaluación de los efectos de la reforma laboral, pero no la hará hasta julio -cuando se cumplen doce meses de la convalidación del decreto ley en el Parlamento-. A partir de ahí podrían plantearse en el segundo semestre retoques de mayor o menor calado en la regulación del mercado de trabajo. Por lo pronto, el presidente de CEOE, Joan Rosell, ya se ha apresurado a reclamar que se clarifiquen y concreten muchas de las condiciones que fija la ley en los procesos de despido colectivo para «evitar que los jueces interpreten» la norma. Mientras llega ese momento de reflexión, dentro del plan de reformas se incluirán las políticas activas de empleo y, posiblemente, la reforma de la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) que el ministerio prevé abordar el próximo mes.

Antes, el Gobierno tiene que resolver la cotización de los trabajadores a tiempo parcial, un asunto urgente tras la sentencia del Constitucional que declaró nulo el actual sistema de cómputo del periodo de cotización, y que se suma a un fallo anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró que la ley perjudica a las mujeres al penalizar los empleos a tiempo parcial. La solución es complicada y el momento «francamente inoportuno» porque puede dar pie a una regulación más dura donde la discriminación se corrija rasando por abajo, según advierte Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social. Granado señala que hay que conseguir el equilibrio entre una regulación que no perjudique a los trabajadores a tiempo parcial pero que tampoco penalice los ingresos de la Seguridad Social.

Pacto de Toledo

Aunque la gran reforma será la introducción del factor de sostenibilidad en las pensiones. A finales de mayo estará listo el diseño que prepara el comité de expertos recién nombrado y entonces se llevará a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. La oposición quiere tener todo el segundo semestre para debatir; sin embargo, la presión de Bruselas no ceja.

El factor de sostenibilidad puede suponer una auténtica revolución. Se trata de un mecanismo automático para vincular elementos internos del sistema de Seguridad Social, como la cuantía de las pensiones, el número de años cotizados exigido para tener derecho a esta prestación o para calcular su importe, con elementos externos como la esperanza de vida, la ratio de cotizantes por pensionista o incluso la evolución del PIB o de la productividad.

Dada la evolución del gasto en pensiones y las perspectivas demográficas (los niños del 'baby boom' empezarán a jubilarse en pocos años) la aplicación del factor de sostenibilidad puede llevar a un recorte de las pensiones o a exigir más años de cotización para tener derecho a una prestación. Sea como sea el nuevo diseño, el futuro se presenta más duro.