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El PP-A mantiene el recurso contra el decreto de la Junta ante Constitucional
El dictamen del Consejo Consultivo que rechaza la competencia de las diputaciones para interponerlo no es vinculante
SEVILLA. Actualizado: GuardarAlicia Martínez, vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, confirmó que su partido presentará el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del litoral de la Junta de Andalucía desde las diputaciones provinciales, tal y como tenía previsto, a pesar de que un dictamen del Consejo Consultivo ha considerado que estos organismos no son competentes para hacerlo, sino que corresponde a los ayuntamientos.
Martínez dijo que el informe no es vinculante, aunque sí preceptivo, y advirtió de que tiene un voto particular muy consistente. Los recursos se presentarán en distintas fechas, según acaban los plazos notificados a cada una de las provincias.
Para el consejero Planas, sin embargo, el informe del Consultivo además de tumbar la actuación política emprendida por el partido de la oposición, avala la posibilidad establecida por el decreto de suspender ordenamientos de determinados terrenos.
Ley versus decreto
Respecto a la posible colisión de esta ley, que se aprobó en Consejo de Ministros el 5 de octubre pasado, aunque se presentó en julio, con el decreto del litoral, de 27 de noviembre, el consejero andaluz cree que «son ámbitos de competencias distintos y por mucho que el PP quiera no va a frenar nuestro decreto, sino que solo añade confusión y perjudica a particulares y empresas».
Aunque el consejero no da pábulo a la versión de que las enmiendas a la ley del Gobierno central esté destinada a anular las medidas contenidas en el decreto andaluz, el enfrentamiento está servido.
Alicia Martínez no comparte la opinión del consejero respecto a su valoración de la contraposición de las dos normas: «el decreto del litoral es el problema, no la Ley de Costas, porque el texto legal del ejecutivo andaluz paraliza importantes proyectos que tenían todos los permisos de la Junta en suelos urbanizables, después de años de trámites e inversiones», al ampliar a 500 metros la zona de protección.
Para el PP el decreto de la Junta «ha paralizado la actividad económica, ha frenado proyectos y creación de empleo y creado inseguridad jurídica», dice Alicia Martínez. «No se lo creen ni ellos», contesta Planas, «hay quien continúa pensando que hay que volver a crecimientos pasados, pero no va a ser así».