En guardia ante un nuevo ladrillazo

La enmienda de la Ley de Costas que rebaja la zona de protección de 100 a 20 metros no va a afectar a la mitad del litoral andaluz que tiene sus planes de ordenación aprobados y que preserva los primeros 200 metros. Para el resto habrá instrumentos de protección en el reciente decreto del litoral. Así lo explicó Luis Planas, consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, responsable también de ordenación del territorio, en vísperas del trámite final de la ley en el Senado, que el próximo martes abordará el debate en pleno. Planas calificó la nueva norma de «regresiva» y advirtió que puede vulnerar competencias de la Junta.

A su juicio «es sorprendente que en 2013 se legisle medioambientalmente de modo más regresivo que en 1988», fecha de la ley anterior. «Es el único país de Europa en que esto sucede», consideró, aunque «la desprotección de los suelos desde los 20 metros de dominio marítimo-terrestre no es una novedad, sino que aparece desde que el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros».

No es esa la opinión del Partido Popular de Andalucía, que asegura que la rebaja del límite a 20 metros no va a afectar a la comunidad porque «se trata de regularizar situaciones de planeamientos anteriores a 1988 y eso aquí no se produce». A juicio del partido del Gobierno, «la ley refuerza la prohibición de edificar, restringe las obras de mejora para impedir ampliaciones de lo construido» y sobre todo pone orden y da seguridad jurídica en una legislación que se había quedado antigua, explicó Alicia Martínez, vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos .

Planas, que opina que la nueva ley no es necesaria, sino que habría sido suficiente con adaptar la anterior en aspectos concretos, advierte que hay una posible invasión de competencias de las comunidades autónomas en la consolidación de suelos que se prevé en la ley, ya que esto es responsabilidad de las autonomías.

La nueva norma, cuyo nombre 'oficial', es «Ley de protección y uso sostenible del litoral», establece un criterio mucho más permisivo, al reducir a un tercio del espacio construido en vez de dos tercios, como lo hace la normativa andaluza, para considerar suelo urbano las construcciones anteriores a 1988 pendientes de legalizar.

La gobernanza de la costa

Según el consejero, la enmienda en este sentido «retrotrae a hace 25 años sobre qué es suelo urbano y cuáles son los grados de consolidación» y «habrá que hacer arqueología», ironizó, para demostrar los usos anteriores a 1988. Alicia Martínez indicó por su parte que este extremo no afecta a Andalucía, que no tiene suelos anteriores al 88 por legalizar. El consejero considera que aunque el reparto de competencias está claro, y el dominio publico marítimo terrestre es responsabilidad del Gobierno central, debería haberse entablado un dialogo con las comunidades autónomas que, en el caso de Andalucía, no se ha producido.

Este diálogo sería aún más necesario, según el catedrático de Gestión Integradas de Areas Litorales de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán, uno de los mayores expertos internacionales en materia de litoral, por cuanto en la costa son tres las administraciones que actúan, en el caso andaluz, y es preciso un modelo de gestión específico, «con espacios de encuentro institucional y participación de los agentes sociales», una 'gobernanza' que ya viene marcada por el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo, ratificado por nuestro país pero incumplido.

Por su parte, el consejero andaluz de ordenación del territorio no quiso avanzar a cuántas viviendas o a qué zonas afectará esta nueva normativa, en tanto la ley no esté definitivamente aprobada, aunque dijo que sus técnicos evalúan el impacto de las modificaciones.

Con todo, explicó que la nueva Ley de Costas no va a significar que se pueda construir en los 80 metros de diferencia entre los 20 del nuevo límite y los 100 anteriores: «No se liberalizan esos 80 metros, se traslada la responsabilidad a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Yo tengo competencias en materia de ordenación de los suelos y el urbanismo corresponde a los planes generales de los ayuntamientos».

Así, si bien esta enmienda no tendría «repercusión alguna» sobre el 50% del litoral andaluz, Planas afirma que «el decreto del litoral establece facultades para proteger y preservar los espacios de interés general». Al consejero no le preocupa la desregularización que la ley pueda traer, sino «la confusión que introduce». A su juicio, la enmienda está redactada a la medida de alguna comunidad autónoma, que no citó, pero no de Andalucía. Expertoas indican que Galicia, Canarias y Valencia serían las que presentan más problemas de irregularidades anteriores a 1988.

Concesiones y chiringuitos

Para el consejero uno de los aspectos más graves de la nueva ley de Costas es la ampliación de las concesiones a 75 años, «que viene a ser a perpetuidad». Planas dijo que se trata de un límite «muy generoso con los particulares» y que este punto «no introduce claridad, sino al contrario».

No obstante, apoya que se amplíe a cuatro años la autorización administrativa a los chiringuitos. Esto da mayor estabilidad a negocios de gran valor turístico y hasta identitario. Otra cuestión, que ya corresponde más al ámbito municipal, dijo, es qué tipo de chiringuitos queremos y consideró prioritario que se concilie la actividad hostelera con el medio ambiente.

Alicia Martínez sitúa en esta ampliación de las concesiones uno de los logros de la ley, porque "armoniza el desarrollo de la costa de roma sostenible y garantiza la viabilidad económica de los chiringuitos».

La parlamentaria del PP-A defiende que la nueva ley "preserva las costas del cambio climático y garantiza su protección medioambiental", señala la distinción entre playas naturales, con máxima restricción, y playas urbanas, con usos sostenibles, y destaca que da seguridad jurídica al inscribir los deslindes en el Registro de la Propiedad.

El beneficio de unos pocos

Esta ampliación de las concesiones a 75 años hacen creer al catedrático Barragán que la ley está pensando más en la propiedad privada, o en el «beneficio para unos pocos»: «Significa a tres generaciones vista, eso parece una privatización de hecho del dominio público marítimo terrestre», indica. Teme que el nuevo deslinde beneficie a grupos de interés, en vez de reforzar el uso público de ese crucial espacio.

Como recuerda el grupo de investigación «Gestión Integrada de Áreas Litorales», que ha lanzado una Plataforma en Defensa de la Ley de Costas, muy crítica con la nueva Ley, la situación es grave, ya que «en dos décadas, cada día se ha perdido una superficie de nuestra costa similar a ocho campos de fútbol». La plataforma, integrada por 200 asociaciones unidas bajo el lema «No a nuestra costa» cree que la ley actual es válida, sólo necesita ser aplicada correctamente y echa de menos más energía en derribar construcciones ilegales en zonas de protección.