La Iglesia «no teme» ser incluida en la Ley de Transparencia

La Iglesia «no teme» ser incluida en la futura Ley de Transparencia. Así lo manifestó ayer el obispo auxiliar de Madrid y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, después de conocer que la institución religiosa también quedará sujeta a esta normativa por recibir financiación pública. En teoría, esto supondría que los ciudadanos conocerían el salario y patrimonio de sus dirigentes, por ejemplo, del presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, o los detalles de cualquier convenio o contrato firmado por la Iglesia con otro organismo. Sin embargo, el Gobierno se encargó de aclarar que esta inclusión quedará regulada bajo un «régimen especial» distinto al de las administraciones del Estado. Es decir, que no cumplirá los mismos requisitos.

«La transparencia es el modo de actuar de la Iglesia con el dinero», explicó Martínez Camino. En su opinión, la Iglesia ya actúa con claridad y puso como ejemplo la memoria económica que entrega al Gobierno sobre la contribución que los españoles realizan marcando la casilla en la declaración de la renta. Además, anunció que han encargado una auditoria externa sobre esta aportación que entregarán al Ejecutivo. En cualquier caso, el portavoz de los obispos explicó que si la nueva normativa exige otros requerimientos, no tendrán ningún problema en cumplirlos: «Bienvenida la transparencia porque ya estamos en ella. No tenemos miedo, al contrario».

Y es que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó tras el Consejo de Ministros que la Iglesia será una de las instituciones que formarán parte de la futura ley por ser una entidad que recibe importante financiación del Estado (como los partidos políticos o los sindicatos). Sin embargo, la número dos del Ejecutivo explicó que habrá que buscar «la fórmula» en la que se incluirá a la Iglesia y a otras instituciones que al no ser administraciones públicas, tienen estructuras y composición diferentes. Sáenz de Santamaría reconoció que todavía no se han puesto en contacto con representantes de la Iglesia, pero anunció que hace unas semanas se constituyó un grupo de trabajo que estudia las medidas necesarias para reforzar la transparencia y los controles actuales.

Si se aplicasen a la Iglesia los criterios de información que el anteproyecto de ley fija para las administraciones del Estado, la Iglesia debería dar a conocer las «retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables» de la entidad. Además, también deberían ser públicas sus declaraciones de bienes y actividades. También se vería obligada a desvelar los convenios suscritos, «con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración y las obligaciones económicas convenidas» e informar sobre cualquier contrato formalizado.

Es muy difícil calcular cuánto dinero recibe la Iglesia del Estado porque sus subvenciones se reparten entre distintos ministerios. Según Europa Laica serían 11.000 millones de euros, gran parte de los cuales se destinan a la conservación del patrimonio.