Torres-Dulce ordena al fiscal acusar de colaboración con ETA a los policías del chivatazo

Los policías imputados por el chivatazo a ETA en mayo de 2006 al final se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional y no en el de un juzgado ordinario de Irún. Y lo harán acusados de colaboración con banda armada. Eduardo Torres-Dulce impuso su criterio al de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ordenó al fiscal del caso, Carlos Bautista, que acuse al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al exinspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros de cooperación con los terroristas, y no solo de revelación de secretos con grave daño para la causa pública, como había defendido hasta el momento el Ministerio Público en todas sus intervenciones.

Bautista, en su escrito, explica que sigue apostando por acusar a los dos imputados únicamente por revelación de secretos, lo que supondría en la práctica que ninguno de los dos pisaría la cárcel, ya que para Pamiés pensaba solicitar una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer como policía, mientras que para Ballesteros, que ahora es comisario, reclamaría un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación.

«Alternativa»

Pero el propio fiscal del caso revela que hace una «calificación jurídica alternativa», la de colaboración por ETA, «en virtud de lo dispuesto por el artículo 25» del Estatuto del Ministerio Público. Este precepto, que consagra el carácter jerárquico del Ministerio Público, es el que establece que «el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones». Estas órdenes pueden tener, según la ley, «tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos».

La «calificación alternativa» impuesta por Torres-Dulce sí que podría implicar la cárcel para los dos agentes procesados si son condenados. En este caso, las penas solicitadas son de cinco años de prisión y once años de inhabilitación absoluta tanto para Pamiés como para Ballesteros. El primero, además, se enfrentaría a una multa de 27.000 euros, mientras que Ballesteros tendría una sanción económica de 21.600 euros.

El criterio de Torres-Dulce, aunque contrario a lo sostenido por la Fiscalía, que desde hace dos años insiste en que este asunto debía juzgarse en un tribunal de Irún por encontrarse el bar Faisán en esa localidad guipuzcoana, es coincidente con el del instructor del caso. El juez Pablo Ruz procesó a ambos en dos ocasiones por colaboración con banda armada y revelación de secretos. En octubre del año pasado, el magistrado elevó a la sala el sumario sobre el soplo al aparato de extorsión de ETA. Ruz dejó fuera del caso, a petición de la Fiscalía, al entonces máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, al entender que las investigaciones realizadas en el sumario no habían aportado pruebas nuevas para sostener su imputación. Bautista, en su escrito, hace un pormenorizado relato de lo que para la Fiscalía pasó en el bar Faisán de Irún aquella mañana del 4 de mayo de 2006, en plena negociación del Gobierno con ETA.

Poco antes del soplo al aparato de extorsión, Pamiés tuvo conocimiento de la inminencia de una operación contra los recaudadores de ETA y «decidió obstaculizarla», al menos para «impedir la detención» del dirigente del PNV Gorka Aguirre, que el 3 de mayo se había reunido con el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, y el etarra Ramón Sagarzazu para gestionar el pago de nueve millones de pesetas del impuesto revolucionario, dinero que iba a pasar a Francia en cuestión de horas.

«Ilícito»

El exjefe superior del País Vasco eligió para dar el chivatazo a Ballesteros, entonces destinado en Álava a la lucha contra el terrorismo islamista, «una persona que no perteneciera a la plantilla de San Sebastián y no pudiera ser reconocida» por los operativos que vigilaban a los recaudadores de ETA.

Ballesteros, prosigue el escrito, aceptó el encargo de viajar a Irún para dar el chivatazo a Elosua, «a sabiendas de su carácter ilícito». El 4 de mayo, el entonces inspector, tras intentar localizar al dueño del Faisán en su casa, finalmente dio con él en el bar, al que entró por la puerta de atrás a las 11.17 horas. Según el fiscal, la llamada del chivatazo se produjo a las 11.23:31 y duró 8 minutos y 11 segundos. Ballesteros pasó su teléfono a Elosua. Al otro lado de la línea estaba el exjefe superior de la Policía de Euskadi, quien avisó al dueño del Faisán de que no cruzara la frontera con el dinero del impuesto revolucionario porque sería detenido. Pamiés explicó al supuesto cobrador de ETA que el soplo era para que «tuviera conciencia de la situación política», en referencia a los contactos entonces entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda.