La oposición se une para exigir al Gobierno que retire su proyecto de reforma local

El Gobierno tiene un serio problema con su proyecto de reforma de la administración local, una de las leyes básicas en la agenda de Mariano Rajoy para la legislatura y uno de los compromisos cuya ineludible ejecución tiene contraídos con sus socios europeos.

El anteproyecto de ley que baraja el Ejecutivo no le gusta a nadie. Ni a la oposición, ni a los sindicatos de funcionarios, ni a los propios alcaldes y presidentes de comunidad autónoma del PP, que hace pocos días le entregaron al ministro de Hacienda un duro y crítico escrito de alegaciones con enmiendas a la práctica totalidad de los artículos del borrador gubernamental.

El golpe en la mesa lo dio ayer la oposición parlamentaria. El rechazo unánime a las reformas que Rajoy proyecta hacer en ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones logró un inusual frente común.

Todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PP y UPyD, suscribieron una declaración conjunta en la que reclaman al Gobierno la retirada inmediata del anteproyecto de reforma local y la elaboración de un nuevo plan, desde cero y «en base a otros principios», que desde el comienzo se negocie y se pacte con ayuntamientos, comunidades autonónomas, representantes de los trabajadores públicos, asociaciones ciudadanas, y partidos políticos para evitar el actual fracaso.

El escrito conjunto fue leído en un acto público en el Congreso con todos los portavoces de la oposición -PSOE, CiU, IU, PNV y Grupo Mixto- presentes para demostrar su respaldo. Los partidos exigen la rectificación al Gobierno porque consideran que ha habido «una reacción social unánime» frente su anteproyecto de reforma local y debe darse cuenta de que para realizar un cambio en un asunto de Estado como es la estructura y funcionamiento de los entes municipales, comarcales y provinciales y su coordinación con las autonomías no es suficiente contar con una mayoría absoluta sino que necesita alcanzar un consenso político y «una mayoría social».

«No resuelve problemas»

La oposición coincide en que el gran defecto del anteproyecto, que pretende liberar a los municipios de competencias que deberían ejercer las autonomías, transferir determinados servicios esenciales que no pueden asumir pequeños pueblos a las diputaciones, recortar el número de concejales, o limitar los sueldos de los alcaldes, entre otros aspectos, es que «no resuelve los problemas reales de las entidades locales» ni profundiza en la participación ciudadana.

Muy al contrario, según señala el manifiesto, el anteproyecto «erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y equidad en la prestación de servicios públicos y vulnera los principios recogidos en la Carta Europea de Autonomía Local». La oposición también cree que el plan del Ejecutivo «no respeta las competencias de las comunidades reconocidas en sus estatutos y pone en peligro la prestación de servicios sociales básicos, que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica».

UPyD está en total desacuerdo con la reforma que prepara el Gobierno, pero, al final, decidió no sumarse a la declaración conjunta por dos razones. En primer lugar, porque considera que el escrito muestra un rechazo conjunto, pero camufla proyectos muy distintos para la reforma. El suyo, de hecho, pasa por la supresión de todas las diputaciones y por la fusión masiva de municipios de menos de 20.000 habitantes. La segunda razón, y clave, fue que uno de los firmantes es Amaiur. El partido que lidera Rosa Díez no está dispuesto a suscribir escrito alguno con quienes considera parte de la estructura de ETA.

El PP, por su parte, restó importancia a la foto de familia de la oposición, en la que también criticó que estuviese Amaiur, y llamó al PSOE a la «sensatez» y a volver a la mesa de negociación con el Gobierno, de la que se levantó hace semanas tras comprobar que no tenían forma de pactar nada más allá de limitar los sueldos a los alcaldes.