Portugal generalizará los recortes de gasto en los servicios públicos

El Gobierno portugués anunció ayer nuevos recortes presupuestarios de unos 800 millones, cifra equivalente a algo más de medio punto de Producto Interior Bruto, para cumplir el objetivo de reducción del déficit exigido por la troika después de que el Tribunal Constitucional rechazara varias medidas de austeridad.

«El Consejo de Ministros ha decidido fijar límites de presupuestarios por ministerio», declaró el secretario de Estados del Hacienda, Luis Morais Sarmento, en una conferencia de prensa». Las medidas aprobadas afectarán a los gastos de personal, bienes y servicios, así como gastos corrientes, avanzó.

Estas medidas de ahorro también prevén «la reprogramación de los fondos comunitarios», y una renegociación de las asociaciones público-privadas cuyo objetivo es ahorrar 300 millones», precisó el ministro adjunto al jefe del Gobierno, Miguel Poiares Maduro.

«El Gobierno favorece la vía de la negociación pero en caso de que fracase no excluye medidas fiscales sobre estos contratos», agregó. Las medidas, que han sido anunciadas tras el examen adicional de las cuentas del país por la troika (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), serán detalladas en el próximo presupuesto rectificado que se entregará al Parlamento en mayo.

Del visto bueno que den estas instituciones a las medidas depende la entrega de un nuevo tramo de ayuda de 2.000 millones en el marco del plan de rescate de 78.000 millones concedido a Lisboa en mayo de 2011. El acuerdo definitivo del Eurogrupo para ampliar en siete años el plazo para la devolución de este préstamo también depende de ello.

«Las medidas pretenden garantizar que se conceda a Portugal el octavo tramo», que está condicionado al «cumplimiento de los compromisos presupuestarios» por el Gobierno, reconoció Poiares Maduro.

Portugal se ha comprometido a reducir el déficit al 5,5% del PIB para finales de este año. El Tribunal Constitucional anuló varias medidas de austeridad incluidas en el presupuesto, por unos 1.300 millones, lo que compromete el cumplimiento de los objetivos de déficit previsto en el plan de rescate. El Ejecutivo ha tenido que improvisar nuevos recortes para compensar esta decisión.