Infanta Cristina: «Un cónyuge no es garante de las actividades del otro»

La infanta Cristina no está dispuesta a unir su suerte judicial a la de su marido. El primer escrito remitido al juzgado por Miquel Roca, letrado de la hija menor del Rey, da buena cuenta de que no va a haber tándem matrimonial frente al tribunal y que Iñaki Urdangarin tendrá que apañárselas solo. La tesis principal del recurso de la defensa contra la imputación de la infanta es que «un cónyuge no es garante de la evitación ni de la obstaculización de las actividades que pudiera realizar el otro». Y que es imposible sostener una acusación formal simplemente porque «una esposa hubiera tenido a su alcance algún indicio relativo a la eventual actividad de su esposo».

En sus 33 páginas de recurso, Roca no duda en apuntar al marido para exonerar a su cliente, sobre todo en una de las acusaciones más delicadas, el hecho de que ella era la coopropietaria de Aizoon, la firma usada para desviar más de un millón de euros públicos a bolsillos privados. «Resulta incontrovertido a estas alturas de la investigación que la administración de dicha entidad estaba en exclusiva a cargo de Iñaki Urdangarin», se apunta en el escrito, que insiste en que Cristina de Borbón solo aparecía «formalmente» como secretaria de Aizoon, pero que en realidad esa empresa no tenía «órgano colegiado» alguno porque el que tomaba todas las decisiones era el yerno de don Juan Carlos.

Para Roca, es una «mera conjetura» que la «relación matrimonial» entre Urdangarin y la infanta llevara obligatoriamente a que el marido participara a su esposa de sus supuestas irregularidades al frente del Instituto Nóos. Es más, es una «suposición sin fundamento» que el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, también encausado en este procedimiento, siquiera «conversara» con la duquesa de Palma sobre lo que ocurría en la institución bajo sospecha. Según los defensores de Cristina de Borbón, el único hecho cierto con respecto a su participación en Nóos es que meses después de conocerse las supuestas irregularidades en el instituto, ella dejó de ser vocal del mismo.

«Sobrecastigo»

Más allá de desligarse de Urdangarin, Roca hace un duro escrito de defensa, que lleva su firma y la del prestigioso penalista Jesús María Silva, en el que llega a tachar de «inquisitorial» la decisión del juez de imputar a su defendida sin el apoyo de la Fiscalía. Afirma que el instructor viola el principio de presunción de inocencia y de igualdad de la hija menor de los Reyes al imputarle sin «elementos incriminatorios». En esa línea, tilda de «inferencias extraordinariamente abiertas», «datos periféricos» y «suposiciones sin fundamento» las acusaciones de Castro, al que avisa del «sobrecastigo» que impone a la infanta por su condición de «personaje público».

Roca, al margen de razones jurídicas, invita al juez a «ponderar» que imputa a una persona con «vínculos con instituciones centrales del Estado» y que ello conlleva «socialmente» un «sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración». Es «imposible evitar», dice el letrado, que su declaración se «convierta en un juicio de condena provisional, multiplicado por el papel social de los medios de comunicación». Por ello, reclama al juez «especial cuidado» a la hora de «valorar la solidez» de los indicios contra la infanta pues se trata de un «personaje que va introducir un gran volumen de ruido mediático».

El detallado escrito, además, pretende rebatir uno a uno los argumentos del instructor para citar a la duquesa. Y lo hace siguiendo la principal línea argumental de la Fiscalía, es decir que desde que en primavera de 2012 el mismo juez y la Audiencia Provincial rechazaran la imputación que pidió Manos Limpias no ha aparecido ni una prueba nueva que justifique su interrogatorio. No hay «el más mínimo indicio de criminalidad» contra la imputada y su citación, sostiene, invierte «la carga procesal» y fuerza a la infanta a probar su inocencia.

Y en esa estrategia, el abogado califica de meras «vaguedades e incoherencias» las actuaciones de Diego Torres dirigidas a incriminar a la mujer de su exsocio, ya sea con los correos ya sea con sus declaraciones ante el juez. Roca ve intolerable que se permita a Torres seguir el juego de ser «imputado-testigo» en el proceso, «arrogándose facultades acusatorias» contra el resto de encausados.