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Empleo urge a patronal y sindicatos a pactar los convenios a punto de decaer
El Gobierno teme la conflictividad laboral a partir del 8 de julio al expirar los acuerdos que afectan a cerca de tres millones de trabajadores
MADRID. Actualizado: GuardarMillones de trabajadores están pendientes de la negociación del convenio colectivo en su empresa. Si el plazo de vigencia está ya agotado y su ultraactividad (periodo de aplicación del convenio después de cumplido el tiempo pactado de vigencia) va a concluir el próximo 8 de julio, no saben qué pasará con el sueldo, las condiciones de trabajo o el horario laboral. La reforma laboral fijó un límite de un año de ultraactividad que se va a cumplir dentro de menos de tres meses para los convenios denunciados que no incluyan un pacto en contrario para que continúe vigente y si no se pacta uno nuevo decaerán. Existen 1.800 convenios que afectan a cerca de tres millones de trabajadores, según UGT, que van a decaer si no se acelera la negociación colectiva. Sin embargo, la patronal cifra en algo más de cien mil los trabajadores afectados.
Los sindicatos denuncian bloqueo por parte de los empresarios, ya que no tienen incentivos a negociar un nuevo convenio porque sin él aplicarían las condiciones del convenio de ámbito superior (por ejemplo el sectorial, aunque muchos también van a decaer) o del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, algunos empresarios consideran que podrían aplicar el Salario Mínimo Interprofesional o reducir sueldos, algo que los abogados laboralistas no tienen tan claro y advierten que acabaría llevándose ante los tribunales e incrementándose la litigiosidad. Claro que antes de llegar a los jueces, lo que aumentaría sin duda es la conflictividad laboral, como avisa el secretario Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
Y eso es lo que teme el Gobierno: más conflictos laborales. Por ello, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, urgió este lunes a patronal y sindicatos a que «redoblen esfuerzos para concluir cuanto antes la negociación de los convenios colectivos» porque es lo que «conviene a las partes y a la paz social». La ministra emplazó a los agentes sociales a que acuerden un Código de Buenas Prácticas que impida el bloqueo de la negociaciòn de los convenios colectivos.
El secretario de Acción Sindical de UGT señaló a este periódico que la negociación colectiva es un tema bilateral entre empresa y representantes de los trabajadores y que «no es materia del poder público». Además, Ferrer recalcó que lo que vulnera la negociación colectiva es la reforma laboral y que el Gobierno debería derogar el artículo que limita la ultraactividad porque «es lo que ha aumentado la conflictividad latente».
En todo caso, UGT y CC OO plantearon un documento a las patronales a primeros de mes para que los convenios que se estén negociando no decaigan el 8 de julio y sigan vigentes hasta que haya uno nuevo; en los que no se está negociando instar a hacerlo, y en los casos de bloqueo de la negociación proponen acudir a la mediación o al arbitraje voluntario. La patronal no ha contestado aún, como tampoco, a llamada de este periódico, ha querido comentar las declaraciones de la ministra.
Simplificar el modelo
Además, la ministra de Empleo anunció que se simplificarán y ordenarán los modelos de contratos que existen hoy para eliminar «la incertidumbre que provoca que haya más de 40 modelos distintos». Dentro de las tres modalidades de contratación que existen -indefinida, temporal y formativa-, existen modelos distintos en función del tipo de trabajador que se contrata, tipo de empresa y bonificaciones. Tras la eliminación de muchas de las bonificaciones a la contratación que hizo el Gobierno el pasado mes de julio por decreto, ya no existen 40 modelos de contratos pero siguen superando la docena.
Durante su intervención en las jornadas organizadas por la APD y Adecco sobre 'Competitividad y empleo en el nuevo marco laboral', la ministra hizo una encendida defensa de la reforma laboral y de sus efectos. Dijo que «en estos 15 meses de aplicación ha salvado millones de empleos» y que de haber existido en 2011 se hubieran evitado «uno de cada dos despidos». Lo argumentó señalando que en los tres meses anteriores a la reforma se perdieron 256.000 empleos asalariados en el sector privado mientras que en los tres trimestres siguientes se perdieron sólo 100.000 empleos asalariados en el sector privado y en un contexto de recesión más acusado. Obvió que llevamos cinco años de pérdida de puestos de trabajo en el sector privado y la base laboral ha menguado, y que ahora la destrucción de empleo se está agudizando en el sector público.