Las residencias ya no pueden más
Los impagos de la Junta, las plazas vacías reservadas que no se cubren para ahorrar gastos y la nueva ley de la Consejería ponen en un duro aprieto a los geriátricos
Actualizado: GuardarLas residencias concertadas han dado la voz de alarma. Si no empiezan a cubrirse las plazas vacantes y a cobrarse los pagos pendientes estas empresas tendrán que reconvertirse en lugares de alojamiento y manutención, dejando a un lado la atención especializada.
Con esta transformación, muchos ancianos y familiares tendrán verdaderos problemas, ya que no podrán ni cuidar a sus parientes ni recibir la ayuda necesaria para hacerse cargo de ellos. Pero parece que este es un problema menor para los que gobiernan.
La provincia cuenta con 75 geriátricos, de los que 30 son conveniados. A través de este acuerdo semipúblico, las plazas concertadas se sustentan con un 75% de la pensión del usuario y el resto es abonado por la Junta. El porcentaje aportado por el Gobierno autonómico se reduce si la plaza no se cubre y es precisamente el Ejecutivo regional el encargado designar a los nuevos usuarios apuntados en las listas de espera. Pues de un tiempo a esta parte, aseguran desde las residencias conveniadas, entre un 3% y un 5% de estas plazas están vacías, lo que supone un ahorro considerable para la Junta.
A esta situación se une un problema que padecen desde hace años los geriátricos de la provincia: los impagos. Esto no es nuevo. Es más, la mayoría había aprendido a sobrevivir sin esperar a que el Gobierno autonómico pagase su parte y era gracias a los usuarios que cubrían las plazas no concertadas. Pero la crisis y la falta de liquidez ha llevado a las familias a asumir la asistencia de sus parientes o a esperar a que sean apuntado en las listas de espera de los concertados, por lo que cada vez se quedan más plazas vacías.
Todo esto ha llevado a alguno de los negocios a tener verdaderos problemas para hacer frente a las nominas, hasta el punto de que, según apunta CC OO, ya hay medio millar de trabajadores que sufren retrasos en el cobro.
Si a todo esto le sumamos la nueva ley que quiere poner en práctica la consejería y que supondría reducir el precio de los convenios, está claro que muchas de estas empresas están destinadas a desaparecer, tal y como ya han anunciado. Esperemos que alguien reaccione a su llamada de auxilio.