Rajoy cosecha apoyos para una estrategia de presión a la UE y el Banco Central Europeo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que imprimió un suave giro a su política de aceptación incondicional de las políticas europeas cuando, la pasada semana, denunció los perjuicios que sufren las empresas españolas en su acceso a la financiación, no para de cosechar adhesiones, aunque no todas ellas se ajusten exactamente a sus pronunciamientos. Ayer, el recién reelegido secretario general de la UGT, Cándido Méndez, brindó todo su apoyo al Ejecutivo y le emplazó a «plantarse» ante Europa y desmarcarse de los dictados de las capitales belga y alemana. «Creo que estamos atrapados entre la arrogancia de Berlín, el cinismo y la contumacia de Bruselas y la impotencia y resignación de Madrid», afirmó.

El sobresalto de Chipre ha abierto una brecha en las expectativas de las fuerzas políticas españolas, incluidas las de la oposición más moderada, respecto al futuro de la permanencia en la unión monetaria. Nadie plantea abiertamente, faltaría más, una salida del euro, sino la necesidad de drásticos cambios para que garantizar que la continuidad no suponga mayores sacrificios. Por descontado, todas ellas reclaman tranquilidad y seguridad para los inversores domésticos.

La reacción política y social al abortado intento de penalizar todos los ahorros depositados en bancos de la isla, y al eventual recrudecimiento de las exigencias a los países del sur, ha sido mucho más crítica que la registrada en los mercados. Los inversores en Bolsa y en deuda parecen moverse con otros parámetros. Por eso la prima de riesgo de España se situaba el viernes, al cierre de las Bolsas, en 343 puntos básicos. Su permanencia por debajo de los 350 es considerada un signo de alivio. Mejor aún, todas las referencias de tipos de interés de la deuda -a corto, medio y largo plazo- están ahora en el mercado secundario en los niveles de 2010, previos, por tanto, a la segunda y más acusada etapa de recesión.

Las fuerzas políticas y los sindicatos tienen el foco orientado hacia segmentos de población bien distintos de los que mueven a los agentes operadores de los mercados. En realidad, el Gobierno y la oposición política y social hablan dos lenguajes diferentes. Se puso de manifiesto en el debate sobre Europa que se desarrolló en el pleno del Congreso la pasada semana. La mayoría de los portavoces reclamaron -como ayer UGT- un giro que deje atrás los sacrificios y recortes, con el argumento de que países como Portugal, estrictos cumplidores de la disciplina en el gasto público, han visto asfixiado su potencial de crecimiento. Todos aprovecharon la chapucera gestión de la crisis de Chipre. «Los burócratas de Bruselas no pueden decirnos lo que tenemos que hacer», clamaron representantes de la oposición.

Pagar lo mismo

El Gobierno de Rajoy no puede apuntarse a estas tesis. Por eso, mientras negocia la flexibilización en el calendario de reducción del déficit, se ha puesto como objetivo presionar para que se aceleren los pasos en la construcción europea -unión bancaria, unión fiscal, unión política- mientras reclama, en paralelo, que el Banco Central Europeo mueva ficha, y emprenda otras acciones que lleven a la rebaja de la prima de riesgo de España.

Cuando el presidente pidió para el BCE «competencias como las de la Reserva Federal o el Banco de Japón», no podía ignorar los insalvables obstáculos de esas demandas. Modificar las competencias del supervisor bancario implica nada menos que una reforma de los Tratados, con la consiguiente consulta a las poblaciones de todos los socios... Enseguida las matizó su ministro de Economía, Luis de Guindos, con reclamaciones que inciden directamente en la línea de flotación del organismo que preside Mario Draghi.

Denunció España una mala transmisión de la política monetaria. Es un ataque en toda regla, que implica decir al BCE que no cumple sus cometidos. El Gobierno de Rajoy lo deja claro. Los bajos tipos de interés que acompañaron al euro en su nacimiento favorecieron la expansión de Alemania mientras inflaban la buruja inmobiliaria de España. Aquí podría darse un reparto de culpabilidades... Y ahora no es de recibo, argumenta el Ejecutivo español, que, con una moneda común, empresas de solvencia semejante paguen hasta cuatro puntos porcentuales más que sus competidoras por financiarse.