Políticas populistas a costa del sufrimiento

Tal y como manifestaba la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el decreto aprobado por la Junta de Andalucía que entró en vigor ayer y que permite la expropiación de viviendas a sus propietarios, es, como mínimo, un agravio comparativo. El Gobierno autonómico tiene transferidas otras muchas competencias en política social que no cumple. De hecho, sus continuos incumplimientos y retrasos en los pagos en numerosos programas sociales obligan a los ayuntamientos y a la Diputación a hacer frente a cuantiosos gastos que deberían ser sufragados desde la Junta de Andalucía. Las ayudas de miles de gaditanos dependen en la práctica de las arcas de los municipios pese a que deberían hacerlo de las autonómicas. Sin embargo, nadie hace nada al respecto de estos asuntos, en muchos casos tan graves como los desahucios.

La medida aprobada por el Gobierno andaluz compuesto por PSOE e Izquierda Unida obedece tan sólo a un fin populista, por más que quieran disfrazarlo de política social. El gravísimo problema de las familias que ven como se quedan sin hogar debe afrontarse por parte de las autoridades como una absoluta prioridad, pero desde el sentido común, no desde la toma de decisiones que podrían incluso ser anticonstitucionales.

Trata de poner en jaque todo un sistema por arañar unos votos es de una irresponsabilidad extrema. Más cuando el propulsor de la idea es el tercer partido, con una minoría más que insuficiente para gobernar, aunque sí para aliarse y obtener a cambio competencias, que -a la vista está- no ejerce con responsabilidad. Esta medida no es más que un ataque al derecho a la propiedad privada, recogido en la Constitución Española, aprovechándose de la pesadilla de miles de familias.

De seguir por este camino, ¿cuál será el siguiente paso?