Despejado el camino para que Sáenz siga como número dos del Santander

.Se despeja el camino para la continuidad de Alfredo Sáenz como primer ejecutivo del Banco Santander. Aunque el Banco de España sigue teniendo la última palabra, se ve liberado de los condicionamientos de la más estricta legislación hasta ahora vigente. El Consejo de Ministros aprobó ayer viernes la norma que flexibiliza los requisitos de honorabilidad requeridos para ser banquero.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras la reunión del gabinete que se refuerzan los requisitos de experiencia y profesionalidad, al tiempo que se amplían las competencias del Banco de España. Esto se traduce en que el supervisor s tendrá la última palabra para decidir si un banquero como Alfredo Sáenz, a pesar de haber sido condenado, puede seguir ejerciendo su cargo por los méritos de su currículum.

Condenado en sentencia firme, y posteriormente indultado por el Gobierno de Zapatero, Sáenz vio como el Tribunal Supremo acotó el alcance de este perdón, al excluir sus consecuencias administrativas, por lo que mantuvo la inhabilitación para el ejercicio de las funciones de dirección de la entidad financiera. El Banco de España inició el procedimiento para aplicar la sentencia y recabó alegaciones de las partes. En su camino se ha cruzado el cambio de legislación, de manera que ahora tiene más fácil un pronunciamiento favorable.

El Gobierno se defiende, con el argumento de que no legisla «con la vista puesta en un caso concreto». Asegura que nada puede considerarse prejuzgado, al tiempo que recuerda que se ha limitado a asumir las pautas determinadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

De acuerdo con esta norma, directivos y administradores de las entidades financieras pueden seguir en el puesto incluso si han sido condenados por sentencia firme, siempre que cumplan unos requerimientos. Considera que concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando «una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad».

Para la evaluación se considerarán «la trayectoria del consejero, directivo o empleado en su relación con las autoridades de regulación y supervisión; las razones por las que pudiera haber sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia y cumplimiento de sus obligaciones y los resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades».

Más concretamente, se tomará en cuenta, cuando la condena es por delitos dolosos, si las sanciones o los hechos que motivaron la condena «se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada». Serán objeto de consideración el tiempo transcurrido desde el delito, la conducta posterior y, en su caso, la reiteración de condenas o sanciones por infracciones.

Esto quiere decir que van a puntuar los méritos de Alfredo Sáenz en su larga trayectoria profesional. Para reforzar su postura, y para la consideración de delitos dolosos, «el Banco de España podrá recabar la opinión de una comisión de expertos creada al efecto».

El Tribunal Supremo condenó a Alfredo Sáenz en 2011 a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por los delitos de acusación y denuncias falsas contra unos deudores de Banesto. Sáenz desembarcó en esta entidad tras su intervención por el Banco de España con la misión de proceder a su saneamiento. El grupo Santander, que se adjudicó Banesto mediante subasta, le fichó para encomendarle su reflotación.

Tras la condena, el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero indultó a Sáenz en el último momento de su mandato, y el Supremo estimó que se había extralimitado al incluir en su concesión de gracia los impedimentos para ejercer la actividad bancaria.

Sáenz puede exhibir, en su favor, una trayectoria profesional que el sector ha elogiado. El presidente del Santander, Emilio Botín, ya dio por seguro, ante la pasada junta de accionistas, que su número dos iba a seguir ejerciendo como consejero delegado. Avanzó que el banco disponía de «informes terminantes» sobre la no existencia de impedimento legal para este desempeño.