La ley antidesahucios limita la rebaja del valor en los embargos

Las entidades financieras se adjudicarán las viviendas por el 52,5% de su valor inicial de tasación en los procesos de ejecución hipotecaria por impago, de acuerdo con los límites fijados en el proyecto de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuraciones de deuda y alquiler social.

Los bancos no podrán sacar a subasta la vivienda ejecutada por debajo del 75% del valor de tasación y, si la subasta queda desierta, la entidad financiera no podrá adjudicarse ese inmueble por menos del 70% del valor de subasta. Por ejemplo, una vivienda cuyo valor de tasación fuera 100.000 euros, saldría a subasta por 75.000 y, si nadie la adquiere, el banco se la adjudicaría con un valor mínimo de 52.500 euros (el 70% de 75.000 euros).

Esto supone un incremento respecto a la situación actual ya que no hay regla para la subasta y si queda desierta la entidad financiera se la adjudica por el 60% del valor de salida. La ley estará en vigor a finales de este mes o primeros de mayo y aunque se amplió hasta ayer el plazo para presentar enmiendas, fuentes del Ministerio de Economía señalaron que no se van a aceptar grandes cambios.

Precisamente, el grupo socialista presentó ayer una enmienda al proyecto de ley contra los desahucios que recoge íntegramente el texto de la Junta de Andalucía autorizando las expropiaciones forzosas del uso de vivienda propiedad de entidades financieras durante tres años en caso de desahucio de familias en situación de vulnerabilidad.

La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Leire Iglesias, explicó que los beneficiarios deberán ser deudores de buena fe cuyas circunstancias económicas hayan variado sustancialmente. Ayer cuatro familias de Jerez de la Frontera fueron las primeras en pedir la aplicación de la norma andaluza.

Una de ellas fue María Dolores, separada y en paro, con una hija de 12 años, que cobra 367 euros del paro y tiene que hacer frente a una deuda de 40.000 euros tras perder su casa. O Lorenzo Barba, sin empleo desde hace dos años y con un hijo de siete, que subsiste «gracias a la familia».