Insultos y expulsiones en el Congreso por el escándalo de las preferentes

El pleno del Congreso aprobó ayer, con los votos a favor del PP, CiU, UPN y Foro, la convalidación de la norma que trata de dar una muy contestada salida a los suscriptores de participaciones preferentes de cajas ahora nacionalizadas. Votaron en contra el resto de las fuerzas políticas salvo el PNV, que se abstuvo. Pero el debate estuvo marcado por la ruidosa protesta de una veintena de afectados, compradores de estos productos financieros que han visto evaporarse sus ahorros. Desde la tribuna de invitados, profirieron gritos que fueron en progresión, desde las demandas -«queremos nuestro dinero»-, a los insultos. «Chorizos», «ladrones», «sinvergüenzas», increparon. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, ordenó que fueran desalojados, y la Policía procedió a identificarlos.

La tensión se propagó por el hemiciclo. Diputados del PSOE, Izquierda Plural y formaciones integradas en el grupo mixto se sumaron a la protesta y aplaudieron a los expulsados. En la bancada socialista protagonizaron este apoyo, entre otros, Consuelo Rumi y Odón Elorza, mientras el expresidente del partido y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, les recriminó esa actitud desde su escaño.

El debate coincidió con las filtraciones de un severo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las preferentes de Caja Madrid, Bancaja y Bankia, que va más allá de la denuncia de irregularidades en la comercialización de estos productos a través de las redes de sucursales entre ahorradores poco preparados y mal informados. En el documento se constata la persistencia de «malas prácticas» consistentes en casar operaciones entre clientes «a precios significativamente alejados de su valor razonable».

Eso significa que, en última instancia, y pese a que el supervisor emitió avisos para que cesaran estas operaciones, en estas entidades se continuaron vendiendo preferentes con sobreprecios que oscilaron entre el 25% al 98%. Unos resultaron favorecidos y otros perjudicados. «Las entidades no actuaron en interés de sus inversores», concluye el informe, desvelado en parte por el diario económico Expansión, y en su totalidad por el periódico digital eldiario.es.

El perjuicio generado a compradores en 65.000 operaciones llevadas a cabo entre 2010 y 2011 podría ascender a 240 millones. Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la formación política que llevó a los tribunales la salida a Bolsa de Bankia, ha anunciado que presentará una querella criminal ante la Audiencia Nacional para que «la estafa de las preferentes no quede impune».

El texto refrendado en el Congreso confirma que el canje de preferentes se llevará a cabo previa aceptación de una quita. Los propietarios podrán después liquidar su inversión acudiendo a Bolsa, en la cotizada Bankia, o al Fondo de Garantía de Depósitos, mediante canje. Para que este último disponga de recursos, las entidades realizarán una derrama de 2.000 millones.

Aplicar una quita -del 38% en Bankia, del 61% en Catalunya Banc y del 43% en NovacaixaGalicia- supone una notable merma para los ahorradores, a la que se sumará la correspondiente al canje. Quienes se consideren engañados, podrán acudir a los Tribunales o al arbitraje. Ante el pleno, el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que el 17 de abril se reunirá por vez primera la comisión que determinará los criterios del arbitraje. Habrá un procedimiento rápido para los más vulnerables: bajos ingresos, edad avanzada, especiales cargas familiares, carencia de experiencia, y mayor proporción de los ahorros invertida en estos productos.