El Gobierno busca calmar a Bruselas con el factor de sostenibilidad de las pensiones

Un día después de que la Comisión Europea volviera a reclamar al Gobierno español más reformas o más rápidas en el mercado de trabajo y en las pensiones, el Gobierno sacó adelante ayer su reforma de la jubilación anticipada y parcial con los únicos votos del Partido Popular. Ningún otro grupo parlamentario apoyó la convalidación del real decreto-ley que exige más años cotizados para tener derecho a la jubilación anticipada o parcial y retrasa la edad en paralelo a la edad legal de jubilación, además de facilitar que se compatibilice el cobro de un salario y de una pensión y restringe el subsidio de paro para mayores de 55 años en función de la renta familiar. El real decreto-ley fue convalidado por 177 votos a favor, 126 en contra y 2 abstenciones. Los votos en contra del PP también impidieron que se tramitara como proyecto de ley, en contra de lo solicitado por los grupos de la oposición.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró que en la elaboración del decreto-ley se ha debatido y dialogado durante meses con los agentes sociales y los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo. Sin embargo, esos mismos grupos reprocharon al Gobierno la falta de consenso, como se demostró con la soledad del voto del PP.

La portavoz del grupo socialista, Isabel López i Chamosa, acusó al Ejecutivo de haber ido introduciendo en cada decreto aprobado una norma «que merma las pensiones futuras» y la protección de los parados de más edad porque el objetivo del Ejecutivo es «llevar a un cambio del sistema público de pensiones» que el PSOE «no va a aceptar». López i Chamosa ironizó con que el PP se presentaba en campaña electoral como el partido de los trabajadores: «Desde que han llegado al Gobierno sólo precarizan su presente y han jorobado su futuro».

El diputado de Iniciativa per Catalunya Verds y portavoz adjunto del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, afirmó que el real decreto-ley de pensiones es «inconstitucional, injusto socialmente, políticamente cínico e innecesario», fundamentalmente porque «si hay algún problema no está en la Seguridad Social, sino en una economía asfixiada por una austeridad suicida y un mercado con menos empleo y más precario».

Por si no bastara con esas críticas, Coscubiela afirmó que el Gobierno «acosa» a los mayores de 50 años. Precisamente, una de las medidas que más tensión provocó en el debate fue la limitación del subsidio a parados mayores de 55 años cuando el cónyuge o los hijos tienen ingresos (no lo cobrará si la renta familiar supera el 75% del Salario Mínimo Interprofesional por integrante de la unidad familiar). La ministra de Empleo afirmó que, a pesar de que lo restringen, «ningún desempleado que lo necesite se va a quedar sin prestación». «O es usted una ignorante -dijo Coscubiela- o es usted una cínica; en cualquier caso, después de su afirmación, no merece permanecer en el Ministerio de Empleo ni un minuto más».

Comité de sabios

La próxima reforma de las pensiones consistirá en la definición del factor de sostenibilidad y, con ella, el Gobierno espera contentar las exigencias de Bruselas al incluirlo en el plan que tiene que presentar el próximo 26 de abril, según explicaron fuentes solventes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Como primer paso nombrará en los próximos días una comisión de diez expertos de «reconocido prestigio técnico» para que presenten las propuestas de ese factor, que consistirá en un mecanismo automático que vinculará los principales elementos del sistema (edad de jubilación, periodo de cotización para calcular la pensión, cuantía o actualización de la misma) con factores externos como puede ser la esperanza de vida o incluso el número de cotizantes a la Seguridad Social, como defienden en el Ministerio de Economía. Para que la Comisión y sus propuestas puedan alcanzar el máximo consenso, el departamento de Fátima Báñez ha pedido a los agentes sociales y partidos políticos que propongan cada uno un nombre.

La Comisión dispondrá de apenas mes y medio para presentar sus alternativas. Aunque la ley de reforma de la Seguridad Social de 2011 preveía que el factor de sostenibilidad no entraría en vigor hasta 2027, las fuentes consultadas consideran que será mucho antes, tanto por presiones de Bruselas como por la evolución del sistema.

Durante el debate en el Pleno del Congreso sobre la jubilación anticipada, el diputado del PNV, Emilio Olabarría, señaló que el sistema «está hecho unos zorros» y que en pocos años no quedará Fondo de Reserva porque el déficit estructural de las pensiones «es ya el que se había previsto para 2025». Previamente, Fátima Báñez había anunciado que el Fondo de Reserva había obtenido unos rendimientos de 460 millones de euros en el primer trimestre de este año, por lo que la hucha de las pensiones acumula en la actualidad 63.469 millones de euros, el 6% del PIB.

El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, reconoció que la demografía será el reto a medio y largo plazo, pero que los problemas que hoy tienen las pensiones se deben a la crisis y al paro y consideró «innecesaria» la reforma que se convalidaba en el pleno. Y Ana Oramas, de Coalición Canaria, señaló que el decreto es «un nuevo engaño». La diputada popular Carolina España defendió que se trataba de solventar problemas que continuaban vigentes tras la ley 27/2011.