El Gobierno se lía en su respuesta a los escraches

Las Fuerzas de Seguridad evitarán que se celebren escraches a las puertas de los domicilios de representantes políticos, hasta ahí quedó todo claro. Lo que ayer le costó al Gobierno, y mucho, fue precisar a qué distancia permitirá que se concentren los manifestantes de las plataformas antidesahucios para protestar contra la ley hipotecaria.

Los responsables del Ministerio del Interior protagonizaron ayer un contradictorio cruce de discursos en el que por momentos dio la sensación de que el Ejecutivo se afanaba en dar a la carrera una respuesta coherente al acoso que en las últimas semanas están viviendo diputados y altos cargos del Partido Popular. El primero en tomar la palabra al respecto fue el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien en un acto oficial avanzó que se darán «instrucciones claras» a la Policía Nacional para que, «como norma general», eviten la celebración de escraches a menos de 300 metros de los lugares de residencia de responsables políticos. La distancia, aseguró Martínez, viene establecida por «el criterio» que adoptó la Ertzaintza el pasado lunes para abortar una acción de este tipo ante la vivienda de un diputado del PP. Apenas unos minutos después, y en el mismo escenario, el director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, matizó las palabras de su superior y apuntó que «no existe un plan específico de actuación» ante estas situaciones. Cosidó añadió que el cuerpo que dirige actuará en función de las particularidades de cada escrache y su intervención respetará siempre los principios de «proporcionalidad, prudencia y equilibrio».

Entre las declaraciones de uno y otro, y según desveló el Sindicato Unificado de Policía, Interior envío una circular a las comisarías en las que dictaba órdenes «de obligado cumplimiento» según las cuales, «siguiendo instrucciones del Director Adjunto Operativo, no se permitirán concentraciones (escraches) a menos de 300 metros de los domicilios de autoridades y personalidades políticas».

Horas después el ministro Jorge Fernández Díaz se vio obligado a salir al paso en los pasillos del Congreso ante las preguntas de los periodistas. Fernández Díaz dejó claro que el departamento que dirige no permitirá ningún tipo de acoso, aunque también negó, «tajantemente», que se haya ordenado a la Policía que impida estas manifestaciones a una distancia determinada de los domicilios de las personas que son objeto de ellas. «No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros, eso como ministro lo desmiento», señaló el titular de Interior, quien aún así abundó en que «el Gobierno tiene la obligación de garantizar la inviolabilidad del domicilio de cualquier persona, así como el derecho a la intimidad personal y familiar». Los escraches se acotarán caso a caso, zanjó.