Dudas sobre la legalidad de expropiar viviendas objeto de desahucio

El Gobierno y la Junta de Andalucía discreparon ayer sobre la legalidad de la decisión tomada por esta última vía decreto para expropiar parte de las viviendas que vayan a ser objeto de desahucio. Así, mientras el presidente de dicha comunidad, José Antonio Griñán, defendió que la medida es «plenamente constitucional» porque así lo avalan los los servicios jurídicos de la administración regional, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, mostró sus dudas respecto a su validez y conveniencia, dado que considera que «la respuesta a un problema que es nacional tiene que ser nacional», en alusión a la reforma hipotecaria que se tramita en el Congreso.

«No creemos que éste sea un problema cuya solución pueda ser sectorializada con carácter territorial desde solo aquellas comunidades que puedan o quieran abordarlo», recalcó Ruiz-Gallardón, quien anunció que el Ejecutivo va a estudiar el encaje de la medida y «cuáles son sus hipotéticos efectos». Y es que se trata de una «expropiación temporal de uso», según reza el controvertido decreto -que también incluye sanciones a las entidades financieras que no alquilen sus inmuebles vacíos y que se tramitará más adelante como proyecto de ley en el Parlamento regional-, que solo será aplicable en aquellos casos donde «se acredite» que el desahuciado quedaría en situación de exclusión social, su cuota hipotecaria supone más de un tercio de los ingresos de la unidad familiar -además de haberse multiplicado, al menos, por 1,5 desde finales de 2007- y su renta no supere en tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples).

El presidente andaluz, en cualquier caso, se mostró seguro de la validez legal y constitucional de la medida. «Vayan al Derecho Comparado, a Francia o al Reino Unido, donde incluso prevén la confiscación en aquellos casos en los que las viviendas no se utilizan», argumentó, al tiempo que apuntó que la propiedad «tiene una función social en nuestra Constitución, por lo que no se puede hablar de un derecho ilimitado e intocable».

Por su parte, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) alertó en un informe publicado ayer de que la aplicación de la dación en pago, con carácter «universal y retroactivo» -de la que se beneficiarían medio millón de hipotecas que superan el valor de la vivienda-, triplicaría la tasa de morosidad en el sector, que se situaría entre el 8% y el 10% frente al 3,5% actual. Además, estima que 160.000 hogares podrían ver paralizados sus desahucios los dos próximos años.