La Junta anuncia otro plan para dar salida vía alquiler al stock de vivienda

La Junta le ha dado una vuelta más de tuerca al stock de viviendas vacías al hilo del problema de los desahucios. Agotadas las ideas para la venta de inmuebles, la Consejería de Obras Públicas prueba con el alquiler y plantea bonificaciones fiscales e incentivos para facilitar el arrendamiento de entre 700.000 y un millón de pisos vacíos que hay en la comunidad, de los que en torno a 120.000 se encuentran en la provincia de Cádiz. Se trataría del 20% del total de parque de viviendas que, en gran parte, se encuentra en manos de bancos y empresas inmobiliarias, según apuntó ayer la consejera de Obras Públicas, Elena Cortés.

Y para garantizar la eficacia de la norma, el Gobierno regional ha planteado sanciones a entidades bancarias y empresas privadas que no le den salidas a su excedente. Las multas podrían alcanzar los 9.000 euros en el caso de que dificulten el alquiler. Sin embargo, para los propietarios particulares planteará una serie de bonificaciones fiscales y medidas de protección contra los impagos. La Consejería considerará que una vivienda está vacía cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras.

Además de las residencias de segunda mano que han quedado desocupadas, también tiene una oportunidad el tremendo excedente de pisos nuevos que se han quedado vacío. La provincia arrastra todavía un total de 15.987 pisos, según el último recuento realizado por el Ministerio de Fomento en 2011. Este importante volumen apenas se ha movido, dadas las dificultades para acceder a la financiación bancaria. El plan anterior puesto en marcha por la Junta para reducir esa cifra fracasó estrepitosamente con la venta de menos de 200 inmuebles cuando se tenía previsto darle salida a más de un millar en la provincia.

Expropiación ante el desahucio

Otra de las iniciativas novedosas es la expropiación temporal de viviendas cuyos propietarios vayan a ser desalojados. La administración podrá hacerse con la titularidad de los inmuebles durante un máximo de tres años para evitar que las familias en riesgo de exclusión social se queden en la calle. Esta es una de las iniciativas que contempla el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda que aprobó ayer el consejo de Gobierno y que entrará en vigor el próximo viernes tras su publicación en el BOJA.