Empleados municipales temen que su paso a la Junta suponga la supresión de servicios

Las consecuencias de la más que previsible entrada en vigor de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local preocupan, y mucho, a los trabajadores que se pueden ver afectados por la reorganización de competencias y servicios en los distintos entes públicos. La inquietud, que ya existía, se ve incrementada después de que el teniente de alcaldesa, José Blas Fernández, explicara a LA VOZ que el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía irá de la mano del trasvase del personal que se encarga de gestionar las mismas en el Ayuntamiento, siempre y cuando sean trabajadores adscritos a programas de la propia administración autonómica. El concejal de Hacienda ponía como ejemplo la situación de parte de la plantilla de Asuntos Sociales, del servicio de limpieza y mantenimiento de los colegios públicos o de la Delegación de Vivienda. En total, aseguraba ayer. Este cambio de administración podría afectar al 25% de la plantilla municipal.

Los trabajadores implicados en este movimiento de sillas no ven con buenos ojos el cambio. Frente a la justificación, eminentemente económica, por el ahorro que conllevaría el fin de la duplicidad de competencias, que defienden en la esfera gubernamental, los sindicatos y colegios profesionales consultados ven un objetivo claro en la decisión de reformar el sistema público español: la disminución de servicios y la privatización de parte de los mismos.

El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz, Antonio Chico, comentaba ayer que «nosotros aún no hemos recibido ninguna comunicación oficial por parte del equipo de Gobierno, pero pensamos que la intención es ir vendiendo poco a poco su intención de cara a la aprobación y entrada en vigor de la nueva ley, que no es otra cosa que cargarse parte de la administración local».

Chico confirma que hay un buen número de funcionarios interinos en la plantilla municipal que se podrían ver afectados por este cambio de competencias, pero deja claro que la postura de la Junta de Personal es «seguir apostando porque sea la administración local la que mantenga los servicios». En ese sentido, manifiesta que se hará lo necesario para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo.

A nivel general, afirma que esta ley, que aún está en fase de anteproyecto, «nos parece una barbaridad. Al final son los ciudadanos los que van a sufrir sus consecuencias, porque se va camino de la privatización de ciertos servicios».

Colapso administrativo

También se han pronunciado desde el Colegio de Trabajadores Sociales, uno de los colectivos más afectados por la reorganización de competencias. Desde la entidad se sostiene que el traspaso de competencias al gobierno autonómico producirá «un colapso del Sistema de Servicios Sociales ante la situación de debilidad económica que presenta la Junta de Andalucía». Desde el Colegio de Trabajo Social se teme que «los recursos destinados a Servicios Sociales quedarán mermados», asegurando su presidenta, Laura Bahamonde, que «no podemos permitir que se desmorone todo un sistema de servicios sociales que dura ya más de 25 años. El mantenimiento de su estructura es fundamental para el desarrollo de la profesión, ya que son los trabajadores sociales los profesionales de referencia, pero sobre todo porque desde el trabajo social se contribuye al bienestar social y a la mejora de la calidad de vida de las personas».