Acoso y gamberrismo en nombre de la libertad

Los integrantes de las plataformas ciudadanas creadas para luchar contra los desahucios por parte de los bancos están equivocando la estrategia. Obviamente están en su perfecto derecho a denunciar y a luchar contra una situación que, en no pocos casos, es manifiestamente injusta. Miles de familias, acuciadas por la crisis, están perdiendo sus hogares y no cabe duda que el Gobierno debe darles una solución.

Pero de ahí a acosar a determinados políticos -siempre del Partido Popular-, dista un abismo. Hay otras fórmulas, que se ajustan a la legalidad y a la convivencia democrática, para reclamar, exigir, lo que estiman justo.

El escrache, término de nuevo cuño que bien podría traducirse como acoso, extorsión o gamberrismo sin más, empieza a convertirse en algo habitual. Bajo la premisa de la libertad, numerosos responsables políticos están siendo acosados y amenazados. Casos como la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, o el diputado Esteban González Pons son los más mediáticos, los más conocidos. Pero no los únicos. Ayer se produjo el primer caso en la provincia de Cádiz. El despacho del diputado del PP Aurelio Romero fue literalmente empapelado por integrantes de la plataforma antidesahucios. Y para este jueves está convocada otra concentración en la sede del Partido Popular en Cádiz que las autoridades ya sospechan que será el segundo caso.

Esa no es la forma de pelear por lo que se considera justo. Eso es tratar de romper la baraja democrática por la fuerza. Y ante esto, no se puede ceder. Hay cientos, miles, de familias que están viviendo una auténtica pesadilla. Familias que necesitan apoyo, no la ruptura de la convivencia. El escrache, como antes otros métodos de extorsión a los gobernantes, no puede conducir a ninguna solución. Si lo hiciera, estaríamos sentando las bases para una convivencia muy peligrosa.