El Gobierno promete un ahorro de 206 millones con la reforma local

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se reunió ayer con los alcaldes populares de la provincia en el Hotel Parador Atlántico de la capital para acercarles los beneficios que traerá la nueva reforma de la Administración Local a los ayuntamientos gaditanos; unas medidas que les permitirá a los gobiernos locales un ahorro de hasta 206 millones de euros, según el Gobierno central. Beteta ahondó con los regidores populares qué significará esta reforma para los ayuntamientos partiendo del principio básico de una administración, una competencia. En este sentido, apuntó que el objetivo de la reforma integral de las Administraciones Públicas es «hacerlas más austeras, efectivas y eficientes para todos los ciudadanos».

El secretario de Estado destacó también que la reforma clarifica la relación financiera entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas en la prestación de los servicios públicos, al garantizar la financiación de los mismos. Ante las dudas y temores surgidos en torno a la reforma, Beteta aclaró algunos aspectos como que «no es un intento centralizador del Gobierno» o que «no hace peligrar puestos de trabajo». El secretario de Estado incidió en que esta nueva reforma «es la mejor garantía» para los ayuntamientos «al garantizarse la financiación de los servicios; no se vacía de competencias a los municipios, ni se pretende privatizar servicios, y por supuesto, no conlleva una intervención del Estado sobre los entes locales», subrayó.

La meta: racionalizar

El objetivo de la reforma, añadió, «es racionalizar las estructuras administrativas, evitar duplicidades, el solapamiento entre administraciones y dotar de financiación suficiente a las entidades territoriales para llevar a cabo los servicios públicos de su titularidad, consiguiendo además una mayor cohesión territorial».

Desde el Gobierno Central del PP, insistieron en que esta reforma «supondrá una revolución en la modernización de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos en favor de los ciudadanos que fijará un coste estándar de cada servicio público y que evaluará las competencias».