El Gobierno estudia ahora aforar al Príncipe de Asturias

Con el mismo sigilo que emplea cada vez que se refiere a la Casa Real, Soraya Sáenz de Santamaría evitó valorar la propuesta del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sobre la necesidad de conceder al Príncipe Felipe el aforamiento, el privilegio que disfrutan los miembros del Gobierno y los parlamentarios para declarar solo ante el Tribunal Supremo cuando son imputados. La vicepresidenta del Gobierno se limitó a señalar tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo escuchará los argumentos de Torres Dulce, quien mostró su preocupación por la falta de aforamiento para los miembros de la Casa Real en general y, la del Príncipe de Asturias, en particular.

La vicepresidenta admitió que el Gobierno, dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara, sopesa la posibilidad de incluir al heredero de la Corona entre las personas aforadas, pero dejó la pelota en el tejado del fiscal general del Estado, que «tiene un papel muy importante en la redacción de las leyes que están sometidas a su informe». Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno recabó ya un informe de expertos para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está «analizando» para incluir ese privilegio judicial.

Torres-Dulce explicó en una entrevista su preocupación por el «no aforamiento» del Príncipe. «Sé que no es, probablemente, el momento de suscitar esa cuestión, pero un juez, un fiscal o un policía tienen un fuero especial y resulta absolutamente incomprensible que los Príncipes de Asturias no lo tengan. No me parece equilibrado», aseguró. Los sucesivos gobiernos han soslayado desde 1978 la recomendación del artículo 57.5 de la Constitución de elaborar una ley orgánica que regule todos los aspectos de la sucesión a la Corona.

El aforamiento de los miembros de la Casa del Rey ha cobrado especial relevancia tras la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos', en el que ya estaba imputado su marido desde 2011.