El PP remitirá a Alaya las ayudas excepcionales de la Junta a Astilleros

El PP ha pedido a la juez Mercedes Alaya, encargada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, que investigue y requiera al Consejo de Gobierno «los expedientes administrativos íntegros, completos y foliados» de las subvenciones excepcionales otorgadas por la administración autonómica a Astilleros de Huelva en noviembre de 2011.

Esta subvenciones, de más de cinco millones de euros, según el PP-A, «incumplen» la Ley General de Subvenciones, «que solo permite ayudas excepcionales cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario que dificulten su convocatoria pública», y también «las directrices de la Intervención General de la Junta» acerca de este procedimiento y que «establece de forma clara que no conlleva carácter excepcional cuando exista normativa reguladora de la subvención».

El PP argumenta que la Junta ya había aprobado en abril de 2011 una norma para regular las ayudas sociolaborales y corregir la anterior que dio pie al fraude de los ERE.

La Junta respondió ayer que un informe del gabinete jurídico de la Consejería de Empleo, fechado en septiembre de 2011, vio justificada la subvención excepcional concedida a la empresa Astilleros de Huelva por las mismas razones de la Ley de Subvenciones que esgrime el PP en contra y que no se utilizó la norma de abril porque esta es para trabajadores y no para empresas.

La Junta explica que la ayuda, con carácter excepcional, era para que la empresa pudiera sufragar la parte que le correspondía del despido a los trabajadores. La situación de la empresa en quiebra, de las últimas de un sector estratégico, con un colectivo de trabajadores numeroso y de difícil inserción laboral «motivaba la dificultad de una convocatoria pública de esta subvención».