Dos años tras la pista de 140 millones de euros

Recién incorporada de una larga baja por enfermedad, sufre neuralgia del nervio trigémino, la juez Mercedes Alaya apenas tardó unos días en reactivar el sumario de los ERE fraudulentos, uno de los mayores casos de corrupción destapados en Andalucía. Dos años y medio después de que saltaran las alarmas al descubrirse que había intrusos en los expedientes de reestructuración de ciertas empresas, pagados con dinero público, y que un exdirector general de Trabajo de la Junta calificaba la partida de la que salían esas ayudas como «fondo de reptiles», la investigación empieza a poner negro sobre blanco la cantidad de dinero que se habría desviado realmente de las arcas públicas, y que rondaría los 140 millones de euros, según distintas fuentes.

La primera parte de la instrucción puso en cuestión el carácter legal de la partida 31-L, dotada inicialmente con 647 millones y que con las sucesivas ampliaciones y los compromisos de deuda adquiridos alcanzará los 1.217 millones, según concluyó la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización. De esa partida salió durante una década, de 2001 a 2010, el dinero para pagar los expedientes de regulación de empleo, las ayudas directas a empresas en crisis y los gastos de gestión de las entidades mediadoras, como consultoras o despachos de abogados, que tramitaban esos expedientes.

Alaya entiende que el sistema de transferencia de financiación que se instauró en 2001 en la Consejería de Empleo, mediante el cual un organismo autónomo, el antiguo Instituto Andaluz de Empresa, abonaba el dinero, era un procedimiento administrativo anómalo y se podía haber tramitado mediante subvenciones. La juez considera que se cambió para favorecer una mayor arbitrariedad y opacidad en la concesión. Con este razonamiento, todo el dinero del «fondo de los parados», como también se llamó esta partida para empresas en crisis, estaría viciado. En total, 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas con un montante, según Anticorrupción, de 933 millones de euros.

Sin embargo, la investigación policial, el informe de la Cámara de Cuentas y la investigación interna abierta por la Junta de Andalucía ha permitido ir concretando las cantidades supuestamente desviadas en cada una de las tramas existentes en el caso ERE hasta alcanzar el entorno de los 140 millones de euros.

En su investigación interna, la Junta ha acreditado la existencia de 196 personas que no tenían derecho a obtener ayudas por ser ajenas a las empresas, los intrusos vinculados al PSOE y a exdirigentes de la Consejería de Empleo, de acuerdo con Alaya, que habían percibido ya unos 17 millones, según detalló el responsable de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, en la comisión de investigación parlamentaria. Las pesquisas internas alcanzan no obstante a otras 45 personas, cuyos expedientes están en revisión por si hubiera también irregularidades en sus pólizas. Además, se detectaron compromisos para pagar otros 15 millones a más intrusos. La Junta ya ha iniciado los trámites administrativos para reclamar este dinero, aunque los aludidos pueden presentar alegaciones, y de momento, aún no ha recuperado nada.

El «verdadero» negocio

El mismo camino se ha seguido con las ayudas directas. Ávila cifró en 106 millones de euros las concesiones a empresas, ayuntamientos, fundaciones privadas y universidades, un total de 191 ayudas directas, que se han revisado. La cifra incluye 73,8 millones que el Gobierno andaluz reclama ahora a través de procedimientos de reintegro, aunque el Consejo Consultivo solo ha avalado ocho de ellos. El resto serían compromisosque aprobados cuyo pago se paró tras saltar el escándalo.

Si la ilegalidad de este sistema centró la primera parte de la investigación, la juez Alaya concluye en sus últimos autos que el «verdadero negocio» estaba en el cobro de comisiones por parte del entramado de consultoras, mediadores y sindicatos y bufetes de abogados.

El director de una consultora implicada, Vitalia, confesó que había directrices para que en las pólizas subvencionadas por la Junta «las comisiones fueran más altas» para poder afrontar «sin problemas» los pagos a los sindicatos, que recibían un porcentaje cercano al 0,5%, o a mediadores como Juan Lanzas, que recibía hasta un 5%. Unas cantidades a las que se sumarían las que el mismo director daba como agradecimiento a quienes le facilitaban nuevos negocios.

La Guardia Civil, de momento, ha conseguido probar que por este sistema se defraudaron 50 millones de euros, aunque en su informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas eleva la cifra hasta los 68 millones.