Un traje a medida para cada EMA

Dependerá de las características de la casa, del suelo en el que se asiente y del nivel de urbanización de su entorno. Cada propietario de vivienda fuera de ordenación, o cada comunidad de propietarios de EMAS, como comúnmente se denominan en El Puerto a los diseminados ilegales, tendrá un «traje a medida» para legalizar su finca con todas las garantías jurídicas. Así lo manifestó el concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, la pasada semana, cuando anunció junto al alcalde, Enrique Moresco, la presentación a Pleno de la ordenanza municipal que regularizará un proceso que durará entre diez y catorce años y en el que participarán alrededor de 5.000 viviendas.

Aunque varias EMAS ya han comenzado a moverse, por ejemplo, a nivel de contactos con estudios de arquitectos que aspiran a elaborar los proyectos de obras, no será hasta la entrada en vigor de la ordenanza, con la composición de las juntas de compensación y en coordinación con Urbanismo, cuando de veras se ponga en marcha un macro proyecto que a juicio del regidor supondrá un revulsivo para la actividad económica de la ciudad. Una de las mayores preocupaciones de los vecinos es cuánto dinero les costará legalizar sus viviendas.

En principio, cada propietario deberá aportar un 10% del valor de su finca en concepto de aprovechamiento -superficie de techo edificable-, además de diez euros más por cada unidad de aprovechamiento, destinado los sistemas generales de espacios libres, o lo que es lo mismo, las zonas verdes, equipamientos públicos, etc, que han de tener todas las urbanizaciones. Por otro lado, el valor de la regularización por cada unidad se ha fijado en 70 euros por metro cuadrado. También tendrán que pagar por los excesos subjetivos, es decir, por los metros de más que en cada caso hayan construido sobre lo que permite la ley. Del mismo modo, se sumarán a la factura las tasas municipales, que el Ayuntamiento flexibilizará siguiendo una tendencia que se extenderá a todo el proceso. Y es que la ordenanza fijará un plazo de diez años y hasta 120 cuotas para abonar poco a poco el coste de legalización. En este sentido, ya hay entidades bancarias interesadas en participar en el proceso.

Dependiente del PGOU

Con todo, y a pesar de que la ordenanza será aprobada de forma inicial en abril, esto no significará su entrada en vigor. Se abrirá un periodo de alegaciones y, en todo caso, la nueva normativa tampoco se podrá aplicar hasta que no se haga lo propio con el Plan General de Ordenación Urbana, que ya se advierte en el horizonte con la posible publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el mes de mayo. No obstante, el edil de Urbanismo advirtió que la falta de este trámite no es óbice para que entretanto se avance en otras cuestiones.