El Gobierno anula el reparto de nueve canales de TDT

El Consejo de Ministros aprobó ayer la anulación del reparto de canales de TDT realizado por el propio Ejecutivo en 2010, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno ejecuta así una sentencia del Tribunal Supremo (TS), que el pasado 11 de diciembre anuló el acuerdo de otro Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2010, en el que asignaba un múltiplex digital -con cuatro canales cada uno y cobertura nacional- a las seis sociedades que entonces tenían licencia para emitir a través de la Televisión Digital Terrestre.

Después de que Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, anunciara esta medida (que no tiene fecha de ejecución conocida), Uteca, asociación que agrupa a las cadenas comerciales de televisión, anunció que la impugnará por sus «indeseables consecuencias». Según el reparto previsto, Mediaset (Cuatro y Telecinco), Veo TV (Unidad Editorial) y Net TV (Vocento) perderían dos canales, mientras que Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) se quedaría sin tres.

Sáenz de Santamaría declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «se trata de dar cumplimiento estricto a una sentencia» y que la medida se encuadra dentro de «un proceso abierto en España» y conocido como «dividendo digital», que se tendrá que completar «en los próximos meses». Dicho dividendo, por otro lado, supondrá la necesidad de readaptar las antenas de más de un millón de edificios en España, con un coste que deberán pagar los usuarios.

El conflicto tiene su origen en un error técnico del Gobierno de Zapatero. Este no desarrolló a tiempo el real decreto por el que concedían las licencias ahora anuladas y acabó aprobando, un mes y medio antes, la Ley General Audiovisual, que prohibía expresamente conceder nuevos canales sin concurso.

Así, el 11 de diciembre el Supremo estimó en parte el recurso presentado por una empresa, de la que se desconoce si presentó ofertas a los concursos iniciales, aunque el TS rechazó su pretensión de que además se asignaran nuevas licencias.

El Gobierno ha entendido, por su parte, que la sentencia debía comportar la pérdida de canales. Fuentes jurídicas consultadas confirman sin embargo que «la pérdida de canales asignados a cada licenciataria no era en absoluto consecuencia necesaria de la sentencia del Supremo y que la medida, de mantenerse, podría producir perjuicios que deberían ser reparados a unas televisiones que realizaron grandes inversiones en la confianza de sus derechos de explotación».

La decisión adoptada, aparte de afectar a un sector en crisis, que ha perdido el 50% de su mercado en el último lustro, deja a los ciudadanos con una oferta menor, solo tres años después de que asumieran la adaptación de sus hogares a la recepción de la Televisión Digital Terrestre.

Un nueva batalla legal está servida, con las cadenas privadas muy molestas con el Gobierno y convencidas de que sus derechos y los de sus socios internacionales (Disney, Viacom, Discovery, Sony) tendrán que ser defendidos con «la adopción de todas las iniciativas que correspondan, en función de las actuaciones que vaya adoptando el Gobierno en su desarrollo».