Tres empresas confirman que Urdangarin pudo defraudar a Hacienda a través de Aizoon

Representantes legales de tres empresas con sede en Barcelona que contrataron a Iñaki Urdangarin ratificaron ayer ante el juez que el duque cobró sus honorarios privados mediante Aizoon. Las tres sociedades, Mixta África, Aceros Bergara, y Seeliger y Conde admitieron que abonaron los trabajos a través de la empresa que Urdangarin y la infanta Cristina constituyeron para gestionar su patrimonio porque así se lo pidió el yerno del Rey, según señalaron fuentes judiciales.

Esta declaración, que puso punto final a la segunda jornada de declaraciones en Barcelona ante el juez José Castro sobre los negocios de Urdangarin y su exsocio Diego Torres, reafirma la tesis de que el duque pudo cometer un delito fiscal por facturar a través de Aizoon lo que tenía que haber declarado a Hacienda como persona física. Con esta treta, el yerno del Rey podría haber defraudado una cantidad superior a los 120.000 euros, por lo que se consideraría un delito penal.

En concreto, de la sociedad Mixta África, dedicada a la construcción en África y participada por fondos de inversión saudíes, Urdangarin cobró 320.000 euros por servicios de asesoramiento para la implantación de la empresa en distintos países africanos; Aceros Bergara pagó 42.000 euros por un trabajo de consultoría relacionado con la salida a Bolsa de la compañía y sobre el mercado de materias primas; y Seeliger y Conde abonó 36.000 euros al duque de Palma al que contrató como asesor.

En los tres casos las empresas contrataron al yerno del Rey por su imagen y por sus contactos y solo la firma de cazatalentos Seeliger y Conde decidió prescindir de sus servicios al no quedar satisfecha con las expectativas.

Un informe de la Agencia Tributaria señala que Urdangarin usó Aizoon, empresa que comparte con su mujer a partes iguales, como «una sociedad pantalla para ocultar quién era el verdadero perceptor de las retribuciones y disminuir así su tributación en el IRPF, deduciéndose gastos no relacionados por la actividad».

Esta inmobiliaria, además, fue supuestamente usada por el marido de la infanta Cristina para desviar a su bolsillo desde Nóos cerca de un millón y medio de dinero público.

Al margen de las supuestas irregularidades con sus negocios privados, Urdangarin está imputado además por los delitos de malversación de fondos públicos, fraude a la administración, falsedad documental y prevaricación.