La juez constata que los ERE fueron un «verdadero negocio» de 50 millones

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por la Junta de Andalucía acabaron convertidos en un «verdadero negocio» en el que las entidades mediadoras «corrompieron» a los cargos públicos para obtener, sin concurso alguno, la tramitación de las pólizas. Altos cargos, directivos de las consultoras y los sindicatos llegaron a repartirse 50 millones de euros.

Esta es la conclusión a la que llega la juez instructora Mercedes Alaya en el auto de prisión de uno de los directivos de esas entidades, en la que constata que éste pagó hasta 249.000 euros en transferencias al exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, además de al menos dos sobres con dinero en metálico.

La juez sostiene que de una fase inicial en la que se concedían ayudas a empresas en crisis de manera arbitraria, ya fueran directas o bien mediante prejubilaciones, se pasó a un escalón más evolucionado en el que la rentabilidad estaba en el pago de las comisiones por tramitar esas ayudas. Así, advierte de que se produjo una suerte de «negocio bilateral» en el que la Consejería de Empleo, «previo ofrecimiento de dádivas» de las entidades mediadoras a los cargos públicos de la Junta, principalmente Guerrero, se obviaba la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros.

Este era, según el auto de Alaya, el sistema seguido por Vitalia, una de las dos firmas mediadoras que se llevaron el grueso de las tramitaciones de la Junta de Andalucía. Por su gestión de la póliza cobraba de la Junta abultadas sobrecomisiones, superiores en un 15% al precio de mercado.

La fórmula, según los cálculos de la Guardia Civil, permitió el desvío de hasta 50 millones de euros de fondos públicos que se repartieron entre todas las partes implicadas.

En este punto, la juez apunta a que existía una «trama corrupta» formada por cargos públicos, los sindicatos y las consultoras, estos dos últimos en su calidad de intermediarios en la obtención de las ayudas. Los primeros, pertenecientes a la Consejería de Empleo, «permitían la ilícita disposición de los fondos de la Administración», y las mediadoras o consultoras que tramitaban las pólizas de prejubilación porque «corrompían a los cargos públicos» a cambio de los nuevos contratos, que suponían más ingresos en comisiones.

4 millones para UGT y CC OO

También los sindicatos encontraban su propia vía de negocio, ya que buscaban nuevas empresas en situación de crisis a las que ofrecer un ERE pagado por la Junta para incrementar sus beneficios. Así, según consta en el auto judicial, el exasesor de Vitalia Antonio Albarracín, que ingresó el viernes de madrugada en prisión, habría pagado más de cuatro millones de euros a los «entornos» de UGT y CC OO con el dinero recibido de la «sobrecomisión pactada con la Junta».

Otra parte de la sobrecomisión iba a parar al propio bolsillo de Albarracín, cuyo patrimonio se enriqueció durante los años al frente de la entidad que coinciden con el momento de auge de las prejubilaciones. La juez Alaya acusa al directivo de cohecho, malversación, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

La juez sostiene que las dádivas llegaron a «todos aquellos que facilitaron» que Vitalia tramitara las pólizas. Es el caso del exsindicalista Juan Lanzas, al que algunos implicados definen como 'el conseguidor' y que también fue encarcelado la madrugada del viernes acusado de cinco supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho. Según sostiene Alaya en su auto, Lanzas favoreció que Vitalia tramitara determinadas pólizas a cambio de casi seis millones de euros abonados con facturas falsas a nombre de empresas pantalla de mensajería.

En la casa de Lanzas se localizaron ocultos 82.000 euros, y la Guardia Civil inspeccionó ayer con georradar la casa de sus padres por si hubiera documentación o más dinero escondido.

Además, la juez comprobó que Lanzas y su esposa, con la connivencia de Albarracín, fueron incluidos como 'intrusos' en el ERE de una empresa para pagarle unos servicios de mediación a Vitalia, pero realmente el dinero provenía de la Junta, no de la entidad. Además, recibieron una cantidad superior a la que se les adjudicaba. Aquí radica precisamente la conexión con las otras partes de la investigación, ya que la juez entiende que «la Junta consentía» la inclusión de intrusos «en claro perjuicio para el erario público».