El juicio por el desfalco será el 19 de junio

El Tribunal de Cuentas ya ha fijado fecha para la celebración del juicio contable por el desfalco de 7,8 millones de euros. Un dinero que desapareció de las arcas municipales de San Fernando; el próximo 19 de junio, se determinará la responsabilidad administrativa de los implicados en esta causa civil. Ya que hay que recordar que existe otra vía judicial abierta, la penal. De ella se derivan las imputaciones y los delitos cometidos por los que se deben responder.

Otro paso más y un gran avance para arrojar algo de luz a un suceso que sigue encerrando las mismas dudas que cuando se hizo público. La fecha se dio a conocer tras finalizar la audiencia previa que se realizó en Madrid. Un procedimiento más bien técnico que lo que intenta en primer lugar es la conciliación de las partes ante lo ocurrido, algo que en este caso resulta imposible. Los implicados, entre los que se encuentran los ex cajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero; los ex alcaldes andalucistas, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno; así como interventor y tesorera, defendieron sus posturas y fijaron las bases de su defensa ante su responsabilidad en la falta del dinero.

Además expusieron las diferentes pruebas, sobre todo la declaración de testigos, que pretenden elevar para el próximo 19 de junio. Sin embargo, la toma de estas testificaciones no se realizarán ese día sino que se harán próximamente en los juzgados de San Fernando. Entre los citados se encuentra parte del personal de la Delegación de Hacienda. Ahora las partes tienen un plazo de tiempo para presentar por escrito las preguntas que se realizarán a estos testigos.

Aunque esta audiencia previa también era importante para conocer la consideración de la Fiscalía con respecto a la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento. Un documento que ratificó, si bien a la espera de las pruebas que se expongan y del desarrollo del propio juicio. Es decir que está conforme en un primer momento con los puntos que se recogen en el escrito del Ayuntamiento, pero que realizará su propia vía de indagaciones ante lo acontecido.

La demanda

En la demanda que el Ayuntamiento de San Fernando elevó al Tribunal de Cuentas por el alcance de 7,8 millones de euros, se dejan bien claros varios puntos. En primer lugar, que con los controles adecuados y si cada uno hubiera realizado su labor, el desfalco se hubiera detectado y evitado mucho antes de alcanzar cifras millonarias.

Además, que la responsabilidad de los alcaldes difiere con respecto a los técnicos. Que los directos son los propios cajeros y que los subsidiarios es el resto del personal, claro que los técnicos son los encargados de realizar las funciones de control, mientras que los ordenadores de pagos se fían de ellos a la hora de tomar las decisiones.

En este sentido los 7,8 millones de euros se les reclama a los responsables directos, es decir a los cajeros, mientras que en los subsidiarios las cantidades se estiman de acuerdo a los complementos específicos. Los técnicos cobran, además de su sueldo, una cantidad ajustada a la dificultad y responsabilidad de su puesto y este dinero es el que se les reclama que devuelvan. A José Antonio López Fernández, antes tesorero y ahora interventor, se le pide un importe de 105.847 euros, distribuidos en 57.000 por su cargo de interventor y 48.000 por el de tesorero; a Rafael Monzón Ristori, interventor hasta el año 2006 una cantidad de 61.525 euros; y a la actual tesorera María de las Virtudes Gómez Montero, una cuantía que alcanza los 39.392 euros.

En cuanto a los alcaldes, en la demanda se entiende que la cuantía del resarcimiento no puede ser superior a la de los técnicos encargado de realizar la labor económica, que luego ellos solo verifican, por lo que a De Bernardo y a Antonio Moreno no se les puede pedir más de 39.000 euros.