El Tribunal Supremo estudia si las cláusulas suelo son abusivas

Esta vez le toca temblar a los bancos, o más bien a sus balances, ya que en juego hay entre 3.500 y 7.000 millones de euros que las entidades financieras obtienen cada año gracias a la aplicación de cláusulas suelo en función de la evolución que vaya registrando el euríbor, la principal referencia de las hipotecas en España.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se reunió ayer -tiene previsto hacerlo toda la semana (en sesiones de mañana y tarde)- para sentar jurisprudencia respecto a la legalidad de este tipo de condiciones leoninas que, según datos del Banco de España, están incluidas en cerca de 3,9 millones de créditos para la compra de vivienda.

Los 11 magistrados, presididos por el veterano Juan Antonio Xiol Ríos -de talante progresista y actual presidente también del Supremo tras la dimisión de Carlos Dívar en junio de 2012-, han de resolver estos días varias cuestiones ligadas al sector financiero, de las que depende a su vez la suerte de sendos recursos de casación. Así, entre otros asuntos, estudiarán la responsabilidad de los bancos por la gestión del capital ajeno en productos de inversión financiera de «alto riesgo» (como los 'clips' hipotecarios' o 'swaps') y también por la información que dan al adquirirlos.

En el caso de las cláusulas suelo, el Pleno ha de resolver un recurso de la asociación de usuarios bancarios Ausbanc contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, revocando el primer fallo de un juzgado hispalense en septiembre de 2010, concluyó que fijar un interés mínimo a un crédito hipotecario es legal. La Fiscalía, por su parte, respalda al recurrente por entender que la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios considera no ajustada derecho toda exigencia contractual que resulte contraria a la buena fe y perjudicial para el cliente. Por ello, emplaza al tribunal a sentar jurisprudencia, terminando así con la larga lista de resoluciones contradictorias que se han ido dando por todo el país en los últimos años.

El Ministerio Público ha pedido expresamente a los jueces que, en el caso de estimar como no legales las polémicas cláusulas suelo, determinen también si los efectos de su decisión son retroactivos, es decir, si se podría aplicar a todas las hipotecas ya en vigor -lo que en la práctica supondría un quebranto importante a los bancos, al tener incluso que devolver las cantidades cobradas de más durante la vida del crédito- o solo a las nuevas que se firmen a partir de ahora.