El Tribunal de Cuentas retoma el proceso por el desfalco

De nuevo el desfalco vuelve a convertirse en actualidad. El Tribunal de Cuentas celebrará, el próximo miércoles en Madrid, una audiencia previa en la que se espera que se determine una posible fecha para el juicio contable por la desaparición de 7,8 millones de euros de las arcas municipales. Una vista a la que no tendrán que acudir más que los abogados de las partes, lo que quiere decir que no habrá nuevas declaraciones de los señalados como supuestos responsables. Ni el extesorero y principal imputado en la causa penal, Clemente Ruiz, ni los exalcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, deberán acudir a esta causa que servirá para que las partes puedan exponer sus argumentos en cuanto al modo de actuar ante el suceso, así como solicitar pruebas y nuevas vías de investigación.

Además, se resolverán diferentes peticiones realizadas por los letrados, como la expuesta por el abogado de Clemente, que ha solicitado la paralización del proceso civil hasta que no se proceda a la resolución del caso que se encuentra en manos del Juzgado de San Fernando, que debe dirimir la responsabilidad penal en todo lo ocurrido y que lleva años sin que se haya realizado ningún tipo de instrucción.

De esta manera, se espera que el próximo miércoles se resuelva sobre esta y otras cuestiones importantes para el caso. Como la determinación de la Fiscalía, una de las más esperadas, ya que hay que ver si respalda la denuncia expuesta por el Ayuntamiento o modifica las peticiones que recoge este documento, sobre el que versará esta primera vista preliminar. En este escrito, el Consistorio considera que la responsabilidad fiscal recae en los cajeros, aunque recoge a los exalcaldes, tesorera e interventor como responsables subsidiarios.

El Tribunal de Cuentas maneja también la propuesta de liquidación realizada por la Cámara de Cuentas, que determina que los cajeros son los responsables directos de lo ocurrido en la caja municipal ante la desaparición de 7,8 millones de euros. Motivo por el que el órgano fiscalizador cifra el montante a recuperar en 9,4 millones de euros (tras sumarse los intereses), lo que significa que ese dinero debe ser abonado tanto por Clemente Ruiz como por María José Lebrero. Al igual que el Ayuntamiento considera que si no pueden, el resto de implicados son los que deben subsanar todo lo sustraído. Aquí es dónde se diferencian puesto que la denuncia municipal estima que en este caso los subsidiarios sólo deberían abonar 250.000 euros.