Presidentes en el banquillo

Charles Taylor consultaba su reloj de oro y diamantes como si le apremiara el tiempo, aunque no parece que tenga que acudir a ninguna reunión ni tomar ninguna decisión importante a lo largo de los próximos cincuenta años. El antiguo dirigente liberiano recibió el pasado 30 de mayo una condena de medio siglo de cárcel por crímenes de guerra y contra la humanidad. El pasado enero se celebró el juicio de apelación y la sentencia firme, prevista para septiembre, lo conducirá probablemente a una prisión de máxima seguridad en Gran Bretaña.

El fallo culmina el primer proceso del Tribunal Internacional de La Haya contra un antiguo jefe de Estado, pero no resulta excepcional. La Corte ha iniciado procedimientos judiciales contra otros tres presidentes africanos. Uhuru Kenyatta, vencedor en las recientes elecciones kenianas, constituye un caso excepcional porque ya ha manifestado su intención de colaborar voluntariamente con la entidad. Su situación reviste una trascendencia especial porque se trata del máximo responsable de una de las potencias africanas, socio privilegiado de Estados Unidos y la Unión Europea.

El hecho de que cuatro mandatarios africanos hayan de afrontar sus responsabilidades en episodios de enorme violencia, saldados con más de 300.000 muertes y masivas violaciones de los derechos humanos podría indicar que algo está cambiando, que el flagrante abuso en el ejercicio del poder pertenece al pasado y que la justicia globalizada impedirá la habitual impunidad de la elite política. Sin embargo, también resulta curioso que los cuatro imputados provengan del continente más débil del planeta y que se personalicen fenómenos que exigen una culpabilidad compartida dentro y fuera de los países afectados.

Así, el denostado Taylor se benefició de un tráfico ilícito de diamantes que requirió contactos externos. Evidentemente, no se puede ejercer el control de dos países, Liberia y Sierra Leona, y sumirlos en el caos sin apoyos de cierto relieve. El telepredicador evangelista Pat Robertson, adalid de los sectores ultraconservadores estadounidenses, fue uno de sus colaboradores más cercanos e, incluso, se le ha achacado su función de intermediador con la Casa Blanca. En 1999, el fiscal general del Estado de Virginia bloqueó una investigación en torno a esas conexiones a tres bandas.

La suerte también parece esquiva con Laurent Gbagbo. El expresidente de Costa de Marfil ha acabado en el banquillo europeo en un tiempo récord. Posiblemente, atisbaba su futuro cuando se negó a abandonar el poder en 2010, a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales. Tras una contienda armada, fue detenido en abril del siguiente año y en noviembre ya volaba hacia la capital holandesa.

Fase preliminar

El proceso de Gbagbo se halla en una fase preliminar. El pasado 28 de febrero finalizó la audiencia de confirmación de las acusaciones, que le atribuyen su implicación en cuatro crímenes contra la humanidad y hasta el próximo día 28 del presente mes se podrán presentar comunicaciones escritas de las víctimas y respuestas de la defensa. A lo largo de los siguientes sesenta días, los jueces decidirán si hay motivos fundados para creer que el sospechoso cometió los delitos imputados. En cualquier caso, no puede albergar demasiadas esperanzas.

La metrópoli francesa, con grandes intereses en el país, apoya a su sucesor, Alassane Ouattara, y no desea que Gbagbo retorne para alentar a los grupos armados que buscan su restitución. El único consuelo es que no estará solo en La Haya. El Tribunal ha propiciado una reunificación familiar al dictar el pasado 22 de noviembre una orden de arresto contra Simone, su esposa y activa primera dama, también conocida como 'la Hillary Clinton del trópico'. Entre otras iniciativas, se le ha atribuido la formación de escuadrones de la muerte y su implicación en la desaparición del periodista francocanadiense Guy-André Kieffer cuando buscaba información en torno a las conexiones entre el Gobierno y la industria del cacao.

Por el contrario, no existen muchas posibilidades de que Omar Hasan Ahmad al-Bashir, actual presidente de Sudán, acabe en una celda de Scheveningen, el vasto suburbio costero en el que se encuentra la Corte Internacional. Se han dictado dos órdenes de arresto contra el general y la primera, fechada en 2008, también aportó el precedente de ser la primera que se emitía contra un jefe del Ejecutivo en pleno ejercicio.

Reacciones mundiales

Mientras que Taylor y Gbagbo son un par de parias, abandonados por la comunidad política, el mandatario de Jartum cuenta con el respaldo de Pekín, un socio siempre comprensivo con este tipo de vaivenes, La Liga Árabe, la Unión Africana y el Movimiento de Países No Alineados, que consideran la medida una agresión de Occidente, y, sobre todo, temen que un eventual cumplimiento pueda dar lugar a procesos similares contra algunos de sus miembros.

Al-Bashir también ha alentado una reacción nacionalista para protegerse de La Haya. La cuestión radica en saber cómo responderán las turbas que lo apoyan públicamente si se demuestra su participación en una gigantesca desviación de fondos públicos desvelada por Wikileaks. Según esta fuente, el líder ha depositado en bancos europeos unos 9.000 millones de dólares (6.900 millones de euros) provenientes de la Hacienda nacional.

Uhuru Kenyatta, el último de los imputados, habrá de enfrentarse a los cargos de crímenes contra la humanidad por su presunta implicación en la organización de aquellas bandas armadas que tras los comicios de 2007 provocaron 1.300 muertos y el desplazamiento de 600.000 personas. Posiblemente, la orden del Tribunal ha sido decisiva en la elección de Kenyatta, favorecido por cierto aliento victimista. El próximo verano, uno de los hombres más ricos de África y dotado de un poder también relevante, habrá de compartir la triste fortuna de otros colegas que, descubrieron, con sorpresa y desolación, que los tulipanes también albergan espinas.