El Gobierno deja en manos de la Casa Real su inclusión en la Ley de Transparencia

Si hasta hace pocas semanas, Soraya Sáenz de Santamaría rechazaba de manera tajante aumentar la fiscalización de la Casa del Rey, ayer dejó abierta la posibilidad de que, finalmente, se incluya a esta institución dentro de la Ley de Transparencia y del resto de medidas de regeneración democrática que se pondrán en marcha en esta legislatura.

Fuentes del Gobierno apostillaron que, en cualquier caso, la decisión final la tomará la propia Casa Real, con la que ya la Moncloa ha mantenido algunos contactos sobre este asunto. La Zarzuela estudiará las distintas fórmulas en las que trabaja el Ejecutivo para dar una respuesta.

Lo ideal, según estas fuentes gubernamentales, es que fuera el propio don Juan Carlos quien solicitara someter a la Corona a auditorías más exhaustivas. Sáenz de Santamaría, que aumentó la cautela que siempre aplica a sus respuestas públicas sobre la monarquía, respondió durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que el Congreso acordó que la Ley de Transparencia incluyera a partidos, organizaciones sindicales, empresariales y a las instituciones que se financien con dinero público, lo que incluiría a la jefatura del Estado.

La vicepresidenta del Gobierno aseguró que ahora toca determinar «qué grado de alcance puede tener esta ley porque se trata de que sean transparentes en la medida a que estén sujetas al derecho administrativo».

Representantes de varios ministerios trabajan ya con el grupo parlamentario popular para determinar si, finalmente, la futura norma de control puede aplicarse a las cuentas de la Casa Real, blindadas por la Constitución.

«Lo que hay que dirimir es la transparencia de aquellas entidades con respecto a las que el Gobierno también toma decisiones, usted me entiende bien por dónde pueden ir los tiros», remachó Sáenz de Santamaría en referencia a que los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior financian parte de las actividades de la Casa del Rey.