La reforma hipotecaria podría dilatarse hasta junio pendiente de la UE

El Gobierno afronta sin prisas, aunque sin pausa, la reforma hipotecaria que lleva en marcha desde hace semanas y que, encima, el jueves fue urgida desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y es que aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que este problema «hay que resolverlo cuanto antes», evitó concretar plazos. «Vamos a analizar los tiempos de duración de la tramitación parlamentaria», añadió respecto a la intención de unificar en un solo texto el proyecto de ley que ya está en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados y la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). «No rechazamos ninguna cosa», apuntó.

Lo que sí hizo fue adelantar dos de cambios, incluidos entre las enmiendas a la futura ley para la protección de los deudores hipotecarios: elevar a tres los impagos necesarios para iniciar la ejecución de una hipoteca -lo que permite reclamar toda la deuda más intereses y decretar el desahucio- y moderar los intereses de demora -cuyo tope se establecerá en tres veces el tipo legal del dinero (situado ahora en el 4%) o en un 2% sobre el contratado para quienes están en el umbral de la exclusión. Del resto nada más se sabe por ahora, puesto que además el plazo para introducir cambios en el citado proyecto se va a ampliar de forma extraordinaria.

El Ejecutivo tiene en el horizonte la futura directiva comunitaria que regulará el mercado hipotecario y que el Parlamento Europeo tramita con vistas a su probable aprobación en mayo, e incluso en junio si hay retrasos. Dado que uno de los puntos en discusión es la dación en pago, fuentes gubernamentales apuntaron ayer que aprobar una reforma global en España antes de conocer el texto que venga impuesto desde Bruselas a los Veintisiete podría no tener mucho sentido.