Una medida necesaria

Hay medidas económicas que, por obvias, apenas trascienden a la opinión pública. Una de ellas, la del plan de pago a proveedores, merece encabezar ese hipotético listado. El hecho de que las administraciones municipales pudieran empezar a ponerse al día con las pequeñas y medianas empresas que le abastecen de todo tipo de productos y servicios fue considerado poco menos que un acto de compensación lógico e imprescindible. Cierto es que muchas de esas firmas se limitaron a cobrar una parte de lo que les correspondía y con mucho retraso pero los números detallados demuestran que no se trató sólo de un alivio económico o de una compensación parcial y tardía.

La primera fase de ese plan, en la provincia de Cádiz, llegó a 4.500 autónomos o empresarios, de los que una cuarta parte estaba al borde del cierre, de la mortal asfixia económica por falta de ingresos, por la imposibilidad de percibir esas cantidades que les adeudaban. Los 850 millones de euros liberados en la provincia gracias a esa medida permitió que un millar de empresas sobreviviera y que la sangría de la recesión se cobrara menos víctimas de las que devora a diario. El hecho de que este plan viniera a cubrir una injusticia no resta trascendencia a los datos ni oculta que otros gobiernos, otros gestores, fueron incapaces de responder a estas deudas. Bien al contrario, las acrecentaron en cantidades y en duración.

La segunda fase del plan debe ser una realidad a partir del mes de junio y será otro salvavidas para centenares de autónomos y emprendedores. Afortunadamente, los números dicen que será menor el reparto y la cantidad. El único motivo es que las deudas ya son mucho más bajas.