Los inspectores de Hacienda piden un plan de vigilancia de los cargos públicos y partidos

Los inspectores de Hacienda quieren que el Gobierno les sitúe en primera línea en la lucha contra la corrupción, «una lacra general» ante la que las administraciones y partidos «siguen sin tomar las medidas necesarias para su erradicación». Por ello, y dado que entienden que para la sociedad resulta «impensable» que tal inacción ocurra en España, «un Estado de Derecho e integrado en la UE» y donde «surgen de manera casi diaria» casos de ese tipo, reclamaron ayer al Gobierno que apruebe un plan «especial» de inspección para cargos públicos y de partidos.

Su solicitud no es nueva, ya la formularon en 2008, aunque esta vez la han hecho en un momento especialmente sensible, tanto que según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas el fraude y la corrupción son ya el segundo problema del país. Asimismo, han planteado su reivindicación con más fuerza, al solicitar a Hacienda que dicha inspección tenga «carácter de permanencia» y, además, se incluya todos los años en el Plan de Control Tributario.

En esa línea de severidad pidieron al departamento de Cristóbal Montoro que imponga por ley la «obligatoriedad» de remitir a la Agencia Tributaria la información de los registros de las administraciones estatal, autonómica, provincial y local sobre las rentas y bienes de sus representantes. Es más, pretenden que se tipifique como delito -y sea castigado con pena de prisión- «la no entrega o falseamiento de datos (particulares o de sociedades donde intervengan los interesados)» en esas declaraciones patrimoniales.

Policía tributaria

Su batería de medidas contra la corrupción incluyen una potenciación de la fiscalía especial contra este tipo de delitos, la creación de una «verdadera» policía tributaria, un seguimiento patrimonial «especial» por parte de Hacienda de las personas condenadas por ese tipo de conductas fraudulentas y un refuerzo de las denuncias públicas (de ciudadanos, empleados de empresas e incluso instituciones), «regulándose canales de información que garanticen la necesaria confidencialidad» a quienes las formulen.

Todo ello, incluido un incremento en los medios humanos de la Agencia, un aumento en los plazos legales de investigación y un endurecimiento de la excusa absolutoria en los delitos fiscales, tendría que formar parte, a su juicio, de una «completa» ley anticorrupción que corrija las deficiencias actuales.