Anticorrupción recurre la decisión de Bermúdez de investigar los 'papeles de Bárcenas'

Anticorrupción quiere frenar a toda costa el conflicto desatado en la Audiencia Nacional a cuenta de los 'papeles de Bárcenas'. La Fiscalía recurrió ayer la decisión del juez Javier Gómez Bermúdez de hacerse cargo de una parte de la investigación de la supuesta contabilidad B en el PP, cuando otro magistrado de ese tribunal, Pablo Ruz, ya ha asumido esas pesquisas dentro del sumario 'Gürtel' al encontrar posibles conexiones entre los asientos atribuidos al extesorero del PP y el dinero negro de las comisiones que distribuía la red de Francisco Correa.

El Ministerio Público en un primer momento recurrió en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, pero horas después repensó su decisión y prefirió hacerlo en primera instancia ante el propio juez para no arrojar más leña al fuego que ha prendido en la Audiencia Nacional. A pesar de los titubeos iniciales, en su escrito no se anda por las ramas. Según Anticorrupción, la decisión de Gómez Bermúdez de llamar a declarar a los doce empresarios que aparecen en la contabilidad, amén de a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y al lugarteniente de Correa, Pablo Crespo, es «innecesaria y desproporcionada». Y lo es porque el juez ni siquiera ha esperado a que se decida la competencia sobre este asunto.

La Fiscalía advierte de que Gómez Bermúdez va a incurrir en una «doble instrucción» sobre los mismos hechos con su determinación de ir adelante con la denuncia que Izquierda Unida y otros colectivos presentaron contra Bárcenas, Lapuerta, Crespo y los empresarios cuyos nombres aparecen en los asientos que publicó 'El País' el 31 de enero.

Anticorrupción dice no entender el empeño del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a sabiendas de que su compañero Ruz, del Juzgado número 5, abrió la semana pasada una investigación coincidente. Este juez activó una pieza separada del sumario de Gürtel después de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía le remitiera un informe en el que hablaba de tres puntos de conexión entre la trama de Correa y los apuntes que se atribuyen al que fuera tesorero de los populares. La Fiscalía, insiste, en que no ve sentido a esta segunda causa, máxime cuando el propio denunciante, IU, ya reclamó que fuera el propio Ruz el que entendiera de este asunto. Ante todo, la acusación pública pide paralizar los interrogatorios previstos para los días 25, 26 y 27 de este mes y muestra su «extrañeza» por la decisión de Gómez Bermúdez de mantener estas citaciones a pesar de que la propia Fiscalía ya le advirtió de forma «palmaria» hace una semana de que debía ceder el paso a su compañero. Por todo ello, para Anticorrupción es incomprensible que el juez alegue que la Fiscalía todavía «no ha informado sobre la competencia» de este caso.

Donantes, sí; receptores, no

Otro hecho que Anticorrupción reprocha al instructor es su «no justificada» decisión de quedarse solo con una parte de la investigación, la referida a los supuestos donantes (los empresarios), y no con la de los presuntos receptores (los políticos demandados, Rodrigo Rato, Federico Trillo y Ángel Acebes). «No explica el instructor por qué una parte de los hechos recogidos en la querella, los que afectan a supuestos pagos de empresas y empresarios, han de ser investigados; y otros hechos, los referidos a sobresueldos de altos cargos públicos del Partido Popular, no por considerar que la querella establece un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo», se lamenta la Fiscalía. En esa línea, recuerda que las acusaciones contra unos y contra los otros derivan de la misma «fuente», esto es «las anotaciones que se reflejan en los denominados 'papeles de Bárcenas'».

A pesar del interés de la Fiscalía por frenar los interrogatorios, es poco probable que pueda hacerlo si Gómez Bermúdez no atiende su petición e insiste en seguir con las diligencias. Si el juez no se inhibe, Anticorrupción tendría que recurrir ante la Sala de lo Penal, pero ese trámite ya sería sin tiempo suficiente para evitar las declaraciones como imputados de los ex tesoreros y los empresarios Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), José Luis Sánchez Domínguez (grupo Sando), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras, Juan Miguel Villar Mir (OHL), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (FCC), Antonio Vilella (grupo Rubao) y Adolfo Sánchez.