El Gobierno prepara el terreno para una próxima excarcelación masiva de etarras

El Gobierno ha comenzado a preparar a la opinión pública para la «alarma social» que se puede desatar en unas semanas si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decide confirmar la ilegalidad de la llamada 'doctrina Parot', lo que provocaría la excarcelación casi inmediata de medio centenar de etarras condenados a cientos y miles de años, y de varias decenas de otros peligrosos delincuentes, entre ellos violadores múltiples, como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcácer, y grandes narcotraficantes.

El ministro del Interior confesó ayer en el Congreso que el Ejecutivo ha desplegado todas sus capacidades de influencia política, diplomática y jurídica en la UE para evitar que el 20 de marzo la Gran Sala del TEDH declare firme la sentencia de uno de sus tribunales que, en julio de 2012, concluyó que la 'doctrina Parot' viola los derechos fundamentales de los reclusos al alargar de forma injusta el cumplimiento efectivo de sus condenas, por lo que exigió a España su derogación.

Jorge Fernández Díaz, pese a que dijo que lucharán con convicción hasta el final, dejó entrever que su departamento es consciente de que las posibilidades de éxito son escasas y, de hecho, ya adelantó que «acataremos y cumpliremos la sentencia de Estrasburgo sea la que sea».

También aprovechó para lanzar una advertencia a los grupos de la oposición, especialmente a los nacionalistas y a Izquierda Unida, que apoyan desde siempre la derogación de la 'doctrina Parot'. Les dijo que, si al final no queda más remedio que ejecutar la excarcelación de decenas de delincuentes y terroristas «muy peligrosos», el Ejecutivo no se quedará callado y «señalará» como responsables de la «alarma social» que se provocará a quienes han atacado la doctrina y a quienes han impulsado su derogación. «¡Que cada cual aguante su vela!», exclamó.