Gómez Bermúdez atiende a los medios para felicitar la elección de Marlaska como presidente de la Sala de lo Penal en 2012. :: F. ALVARADO / EFE
ESPAÑA

El juez Bermúdez remueve la Audiencia Nacional tras asumir los 'papeles' del extesorero

Admite la querella de IU, imputa a una docena de empresarios, excluye citar a Rato, Trillo y Arenas por ser «prematuro» y plantea un conflicto con Ruz

MADRID. Actualizado: Guardar
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El juez instructor Javier Gómez Bermúdez removió ayer los cimientos de la Audiencia Nacional al obligar a la Sala de lo Penal a pronunciarse sobre la competencia de la investigación de los denominados 'papeles de Bárcenas' y la supuesta contabilidad secreta del PP. El titular del Juzgado Central de Instrucción número tres no esperó a conocer el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y admitió la querella presentada por Izquierda Unida para investigar la presunta financiación irregular del PP, a través de la información contenida en los manuscritos del extesorero del partido Luis Bárcenas.

Fue una decisión cuanto menos sorprendente por las derivadas que conlleva. La primera el conflicto de competencias que plantea, ya que otro juzgado de instrucción, el dirigido por Pablo Ruz, ya abrió el pasado jueves una causa para investigar precisamente los asientos contables publicados por 'El País' dada su relación con la trama 'Gürtel', que el mismo juez instruye.

Pero quizá lo más llamativo, y que a estas alturas encierra más interrogantes, es que la admisión de la querella de IU, presentada el pasado 28 de febrero y que cayó en el juzgado de Bermúdez por turno de reparto, implicaría la intervención de la Sala de lo Penal si alguna parte, como parece previsible, plantea un conflicto de competencias.

En principio, la Fiscalía Anticorrupción ya informó ayer a Gómez Bermúdez de que otro juzgado ya había judicializado este hecho, por lo que informó a favor de acumular esta investigación en la causa abierta por Pablo Ruz. Ahora podría plantear un conflicto de competencias el propio titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, la parte querellante, Izquierda Unida, o hasta el propio instructor Gómez Bermúdez.

En cualquier caso, lo que ocurra a partir de ahora se tendría que dirimir esta semana, ya que Gómez Bermúdez ha acordado una serie de diligencias de investigación que deberían de estar resueltas la próxima semana. En primer lugar, el juez instructor ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los extesoreros populares Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y a diez supuestos donantes del PP, presidentes de empresas constructoras y representantes legales de otras compañías.

Sin exministros

En la querella también se incluían a tres exministros del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, cuyos nombres aparecen en los 'papeles de Bárcenas' como supuestos beneficiarios del pago de sobresueldos. Sin embargo, el juez no les llama a declarar por ahora porque entiende que resulta «prematuro» darles la condición de imputados ya que «solo distorsionaría la instrucción, sin perjuicio, claro está, de lo que resulte del curso de ésta». «Es por ello -añade el instructor-, que la querella se admite solo parcialmente en su vertiente subjetiva» y recuerda que otros supuestos perceptores de esos fondos opacos, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, «no aparecen en la relación de querellados, sin que los querellantes den razón alguna de esa exclusión».

Por su parte, los empresarios imputados son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; Manuel Contreras Ramos y su hijo, expresidentes de Azvi; Juan Manuel Villar Mir, expresidente de OHL; Luis de Rivero, expresidente Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica; Juan Manuel Fernández, de Aldesa; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau; Ignacio Ugarteche, de Urazca; y las empresas Copasa, Copisa y Mercadona S. A., cuyo presidente Juan Roig negó en rotundo el pasado viernes cualquier entrega de dinero al PP.

Los querellantes les atribuyen blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias o fraude, entre otros delitos. Asimismo, Gómez Bermúdez ordena a los empresarios que en siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el PP.

También requirió al partido que en ese mismo plazo aporte la relación de donaciones en ese periodo y pidió las declaraciones de IRPF que realizaron algunos de los cargos que habrían recibido dinero, entre los que se encuentran el presidente del Senado, Pío García Escudero, o el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo.