Los problemas acorralan a Mas en solo tres meses al frente de la Generalitat

Artur Mas no ha cumplido ni cien días al frente de su segundo Gobierno y ya sabe que la décima legislatura catalana, que arrancó el 24 de diciembre, no va ser un camino de rosas. Más bien todo lo contrario. Cada semana se le abren nuevos frentes y se encuentra acorralado desde todos flancos: el del Gobierno de Mariano Rajoy, el de la oposición, el de su socio ERC y el de su propio partido.

Especialmente intensa es la presión a que le somete su hipotético socio de Gobierno. Con el pacto de gobernabilidad, ERC aseguró la estabilidad de la Generalitat, pero se guardó el as en la manga de que no renunciaría a su papel de líder de la oposición. Este doble juego ha llevado esta semana a Oriol Junqueras a afirmar que no está dispuesto a dar apoyo a los Presupuestos de la Generalitat. No al menos como están planteados ahora, con la previsión de déficit del 0,7% del PIB que exige el Ministerio de Hacienda y la necesidad de acometer un recorte de más 4.000 millones.

Esquerra apremia a Mas para que ignore las directrices de Madrid y se salte el objetivo de déficit. Pero el presidente de la Generalitat no puede permitirse esas alegrías porque los 'hombres de negro' de Hacienda vigilan de cerca. El día a día de las cuentas catalanas depende del fondo de liquidez autonómico, el famoso rescate de Hacienda, a quien la Generalitat reclama este año un préstamo de 9.000 millones para poder pagar las nóminas. Sin embargo, perder el respaldo de los republicanos a los Presupuestos -negociación que se alargará más allá de Semana Santa- abocaría a Mas a un adelanto electoral, el desenlace más temido si se tiene en cuenta que la legislatura anterior solo duró dos años. Mas está entre la espada de Junqueras y la pared de Cristóbal Montoro.

Donde de momento CiU y ERC están más coordinados es en la preparación de la consulta. El Gobierno catalán está cumpliendo la hoja de ruta que ambas formaciones pactaron y en el primer trimestre de la legislatura: ya ha impulsado la declaración de soberanía que aprobó el Parlament, ha iniciado los trabajos para dar luz verde a la ley de consultas y ha sentado las bases del consejo catalán para la transición nacional.

Hay sintonía con Esquerra, pero existe un rechazo frontal del Gobierno central. A pesar de que los servicios jurídicos de la Generalitat han recomendado a Mas que trate de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy para convocar el referéndum, no espera avance alguno por esa vía. Ni mucho menos. El Gobierno, sin dudar, ha llevado la declaración de soberanía al Constitucional como aviso a navegantes de lo que vendrá más tarde, cuando la Cámara catalana apruebe la ley de consultas o el Govern decida convocar el referéndum de forma unilateral. El Estado va a bloquear el proyecto soberanista de Mas.

Así hay que entender también el segundo aviso, la decisión de Eduardo Torres-Dulce de apartar (aunque se haya vestido como una renuncia) al fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, que se mostró comprensivo con el derecho a decidir.

Presiones

Si en Madrid Mas carece de apoyos, en Cataluña las alianzas en torno a la consulta tampoco son firmes y cada uno presiona a su manera, ya sea ERC, Iniciativa o CUP. Caso aparte es el PSC. Aunque los socialistas catalanes han creado un gran revuelo dando su apoyo en el Congreso a una resolución de CiU a favor del derecho a decidir, Pere Navarro no apoyará la convocatoria de una consulta si no es pactada con Rajoy.

Rechazará que la votación pueda regirse por la ley catalana que elabora el Parlament, lo que debilitará aún más la posición del Gobierno de la Generalitat.

Si el Ejecutivo, su socio y la oposición cercan a Mas, su partido está más dividido que nunca. En menos de tres meses de andadura del Ejecutivo catalán, CiU ha sufrido una grave crisis que amenazó con hacer saltar por los aires la coalición, a raíz de una resolución aprobada en enero por la agrupación de Convergencia de Barcelona contra Josep Antoni Duran Lleida. Casi no hay semana sin sobresaltos. Convergencia y Unió chocan por el debate identitario. Duran ha vuelto a echar más leña al fuego esta semana. «CiU está perdiendo la centralidad política», dijo. Desde la pata mayoritaria de la federación le replican que la coalición ha dejado atrás «la vieja política de ambigüedad» sobre la soberanía de Cataluña.

Las diferencias están a la vista de todos y la división crecerá a media que se acerque la consulta, pero, además, el partido se desangra salpicado por la corrupción. Convergencia tiene la sede embargada por el 'caso Palau', Unió ha sido condenada por el 'caso Pallerols', en el grupo parlamentario hay un imputado, Xavier Crespo, por su relación con la mafia rusa en Lloret de Mar, Oriol Pujol podría ser encausado en breve, y aún se desconoce hasta donde alcanzará el caso del espionaje, que ya se ha cobrado la primera víctima política en la federación, en la persona de Xavier Martorell.