Francia lanza una reforma laboral coja de apoyo sindical y respaldada por la patronal

El Gobierno francés aprobó ayer en consejo de ministros el proyecto de ley de la reforma laboral resultante del acuerdo entre la patronal y los sindicatos reformistas, que son minoritarios en el país. No obstante, la oposición de las centrales comunistas y marxistas, así como del sector más a la izquierda del socialismo gobernante, son los principales obstáculos que deberá superar el texto en su trámite parlamentario a partir de abril antes de su entrada en vigor, prevista para finales de mayo si no hay retrasos.

Presentado como histórico por la propaganda del Ejecutivo socialista de François Hollande, el proyecto es la transposición jurídica del pacto alcanzado el pasado 11 de enero por las tres organizaciones representativas de la patronal con la central socialdemócrata CFDT, la cristiana CFTC y la de cuadros CGC. La comunista CGT y la autónoma Fuerza Obrera, mayoritarias en la suma de delegados, se han desmarcado de un acuerdo que tachan de «perverso» y «regresivo (en lo social)», al sostener que facilita los despidos, instaura la flexibilidad laboral y rescata los dispositivos de recortes salariales y aumento de jornada impulsados por el conservador Nicolas Sarkozy y precisamente tan denostados por los socialistas cuando estaban en la oposición.

«Por primera vez en nuestro país podemos hablar de flexiseguridad», se congratuló la presidenta del Medef (la gran patronal francesa), Laurence Parisot. Por su parte, Laurent Berger, secretario general de la CFDT, saludó «un texto que opta por el empleo y no por las supresiones de puestos de trabajo».

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, dijo que el acuerdo es «el más importante desde hace 30 años» y representa un «éxito del método del diálogo social, de la negociación y de la búsqueda del compromiso». Ante la incredulidad general, el presidente Hollande se ha fijado como objetivo invertir a finales de este ejercicio la curva del paro, al alza desde hace 21 meses hasta alcanzar el nivel más alto desde hace 15 años con casi 3,2 millones de desempleados (4,7 si se tiene en cuenta a los que trabajan a tiempo parcial).

Las mejoras

En la balanza de las mejoras para los trabajadores, el texto aporta la generalización del seguro de enfermedad a través de mutualidades financiadas por los empresarios, así como la creación de una cuenta personal de formación de 20 horas por cada año de actividad. También prevé un mínimo de 24 horas semanales en los contratos a tiempo parcial, con una prima del 10% para las horas extraordinarias, además de la conservación de derechos acumulados al subsidio de paro si se vuelve a encontrar un empleo temporal.

En el platillo de la flexibilidad se puede encontrar una simplificación de los procedimientos de despido colectivo, de modo que el empresario podrá obligar a sus empleados a aceptar un cambio de centro de trabajo en un puesto de cualificación y remuneración equivalentes. El punto fuerte es la posibilidad de negociar a la baja salarios y jornada en caso de dificultades coyunturales por una duración máxima de dos años, aunque hará falta el acuerdo de una representación sindical de al menos el 50% del personal.

Los trabajadores también tendrán derecho a una excedencia sin sueldo para ir a probar un empleo en otra empresa. En el plano del diálogo social, los asalariados elegirán a uno o dos representantes en el consejo de administración de las sociedades con más de 5.000 empleados. El proyecto de ley prevé, además, que los comités de empresa sean consultados con regularidad sobre la estrategia de la compañía, que deberá permitir el acceso a los datos sobre su salud económica y financiera.

Como era de esperar, en el actual marco de ajustes y reformas en todo el continente -especialmente en la zona euro-, la nueva normativa laboral ha sido bien vista tanto desde la UE como desde las agencias de calificación, como Standard & Poor's.