El Banco de España decide el futuro de Sáenz

El Banco de España ha iniciado el proceso para decidir si el vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, puede permanecer en su puesto o queda inhabilitado para el ejercicio del cargo. El Tribunal Supremo anuló parcialmente el indulto que el concedió el anterior Gobierno y corresponde ahora a la institución que preside Luis Linde determinar si Sáenz cumple los requerimientos de honorabilidad requeridos a un alto directivo bancario.

Durante su actuación cuando presidía Banesto, el actual primer ejecutivo del Santander fue condenado por el delito de acusación falsa a tres meses de arresto e inhabilitación para el ejercicio del cargo. La clemencia que dispuso el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no podía borrar, según sentencia del alto tribunal, los antecedentes penales. Corresponde al Banco de España pronunciarse.

No es habitual que el órgano supervisor del sistema financiero español de cuentas pormenorizadas de sus pasos. En esta ocasión, y para despejar suspicacias, fuentes del instituto emisor han informado de que, de acuerdo con la ley de Procedimiento Administrativo, se van a iniciar los trámites necesarios. En primer término, se abre camino a la audiencia pública, para escuchar las argumentaciones de las partes.

El Banco Santander y Alfredo Sáenz disponen de un plazo entre diez y quince días para presentar alegaciones. Entre otros argumentos, el primer ejecutivo del Banco Santander podría solicitar al Banco de España que aguarde hasta conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al que se propone presentar recurso de amparo contra la sentencia del Supremo, por posible infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y también del principio de igualdad ante la ley.

Fuentes jurídicas han recordado que la Autoridad Bancaria Europea ha inspirado una nueva regulación sobre la idoneidad de los banqueros, que el Gobierno está en fase de trasladar a la legislación española, algo que podría producirse este mismo mes. De acuerdo con esta nueva pauta, un condenado por sentencia firme podrá dirigir una entidad financiera, si bien el supervisor bancario habrá de tomar en cuenta la naturaleza del delito y los pronunciamientos de los tribunales.

Otra posibilidad en favor de las tesis de Sáenz reside en que sus antecedentes penales -los que le inhabilitarían para el ejercicio del cargo- hayan prescrito. La sentencia le condenó en firme a principios de marzo de 2011 y los efectos punitivos podrían haber prescrito estos días, al cumplirse dos años.