El Gobierno pide al Constitucional que anule la declaración de soberanía

El Gobierno se comprometió a utilizar todas las armas que le otorga el estado de derecho para frenar la senda secesionista emprendida en Cataluña por CiU y ERC tras los comicios autonómicos del pasado mes de noviembre y ya ha dado el primer paso.

El Consejo de Ministros ordenó ayer a la Abogacía del Estado que impugne ante el Tribunal Constitucional la declaración aprobada el 23 enero por el Parlamento de Cataluña, que define a este territorio como sujeto político soberano, y que pida a la corte la declaración de nulidad absoluta de la disposición por ser «incompatible» con lo dispuesto en la ley fundamental.

El Ejecutivo considera que la resolución viola varios artículos troncales de la Carta Magna y asegura que no tiene más remedio que acudir al tribunal porque no se trata de una simple declaración política de intenciones sino de un texto que produce «efectos jurídicos».

El Gobierno tomó la decisión solo unas horas después de recibir un dictamen del Consejo de Estado que confirmó el informe previo de la Abogacía del Estado en el que se concluía que la resolución parlamentaria violaba numerosas disposiciones constitucionales, por lo que había motivos bastantes para impugnarla ante el Constitucional.

Los estudios jurídicos en manos del Ejecutivo señalan que la declaración viola al menos los artículos 1.2, 2 y 9.1 de la Carta Magna, que consagran que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, la unidad indivisible de la nación y la obligación de todas las administraciones de estar sujetas a los mandatos de las leyes y la Constitución, además de ignorar el sistema de reforma agravada de la ley fundamental del artículo 168, que es el único procedimiento válido para modificar los capítulos especialmente protegidos del texto, como son los afectados por la rotunda afirmación de que el pueblo catalán es soberano.

Los informes de los expertos juristas niegan que se trate de una simple declaración de intenciones, como siempre ha defendido el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Muy al contrario, sostienen que es un texto con efectos jurídicos que debe ser anulado porque declara a Cataluña como sujeto político soberano e inicia un procedimiento que mandata a las instituciones autonómicas y a los ciudadanos a poner en marcha procesos y mecanismos hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación, que deberían culminar en 2014 con la celebración de una consulta.

Evitar el choque de trenes

La simple formalización de la impugnación y su aceptación a trámite por el Constitucional supondrá la suspensión inmediata de la declaración parlamentaria y de cualquiera de sus efectos por un período de cinco meses, plazo tras el cual el tribunal deberá decidir si mantiene o levanta la medida cautelar en el caso de que aún no haya resuelto sobre el fondo del asunto.

Mariano Rajoy intenta un difícil ejercicio político como es demostrar firmeza frente a la deriva soberanista catalana, pero sin provocar un choque de trenes institucional con la Generalitat.

Por ese motivo, la vicepresidenta del Gobierno se empeñó ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en quitarle hierro al anuncio y presentar la impugnación como una de los muchos recursos o conflictos de competencias existentes entre el Estado y las comunidades autónomas, en los que la institución que se cree perjudicada acude al Constitucional para que ponga en práctica su labor de arbitraje y de máximo intérprete de la Carta Magna.

Soraya Sáenz de Santamaría indicó que Mas no debería enfadarse por la impugnación porque sabe que el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y que lo hace, eso sí, «con la máxima lealtad y diálogo institucional con las administraciones».

Los paños calientes tienen mucho que ver con que aún está pendiente de poner fecha y celebrarse el primer encuentro oficial entre Rajoy y Mas en la Moncloa tras su retorno a la Generalitat y desde ahora ya saben que se producirá, si es que llega a cerrarse, con la clave de bóveda del proyecto secesionista de CiU paralizada por el Constitucional.

Sáenz de Santamaría dijo que su Gobierno no puede atender las pretensiones de Mas porque el derecho a decidir pertenece al conjunto de los españoles, pero que en lo demás están abiertos a dialogar.